La Conselleria de Vivienda Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha abierto el periodo de consultas y participación pública del anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana. En la página web de la conselleria se puede descargar el texto del anteproyecto y se ha habilitado un correo electrónico (lleifunciosocialhabitatge@gva.es) para que la ciudadanía pueda hacer las aportaciones que crea oportunas a este texto legislativo que tiene como objetivo «garantizar el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada».
Igualmente, se someterá a consulta formal de los colegios oficiales de abogados, Diputaciones, Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Consejo Asesor de Vivienda y de cualquier otra entidad y colectivo que se considere oportuno, como universidades, asociaciones afectadas, entre otros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Desde la Dirección General de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Conselleria se remitirá una invitación a estas entidades a hacer sugerencias y aportaciones a la Ley por la Función Social de la Vivienda con un plazo de 30 días. Por último, también se enviará al Consejo Económico y Social y al Consell Jurídic Consultiu para que realicen sus respectivos dictámenes. Una vez cumplidos todos estos trámites, el texto se elevará de nuevo al Consell para su aprobación.
La Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo «hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible, y, con esto, el texto sitúa a la Comunitat Valenciana entre las sociedades más avanzadas en el desarrollo y la garantía de este derecho, vinculando la propiedad a la función social de vivienda».
Esta nueva norma concibe la vivienda como un «servicio de interés general» y aproxima el derecho de la vivienda «a los pilares básicos del Estado de Bienestar, tras la sanidad, la educación o la dependencia». Para garantizar el derecho a la vivienda, el anteproyecto establece diferentes medidas como la de que la Generalitat dotará a los presupuestos de fondos económicos para ampliar y mejorar el parque público de viviendas.
La Conselleria de Vivienda deberá, en un plazo máximo de dos años, desarrollar un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público, que incluirá la adaptación de un 10 por ciento de las viviendas para personas con diversidad funcional. Ante procesos de desahucio de vivienda habitual, por imposibilidad de hacer frente al pago de las cargas hipotecarias o de alquiler, «se pondrán en marcha medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble, aunque éstas, como se solapan con otras adoptadas por el legislación estatal, se podrán aplicar cuando acabe su vigencia en mayo de 2017 o se derogue la ley».
Por otro lado, la Generalitat suscribirá convenios de colaboración «para incrementar la oferta de viviendas y dar respuesta de alojamiento a personas o familias en situación de vulnerabilidad». En la apuesta por un modelo descentralizado en las políticas de vivienda, «se incentivará a los entes locales para que se impliquen y suman esfuerzos para fortalecer al máximo la red de protección de personas más desfavorecidas para que nadie se quede sin vivienda».
El PP cree que la Ley por la Función Social de la Vivienda es «un bluf inaplicable»
La portavoz de Medio Ambiente y Territorio del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, Elisa Díaz, ha denunciado que la Ley por la Función Social de la Vivienda anunciada por el Consell es «un bluf inaplicable» que «no conseguirá frenar desahucios» y «que no tiene en cuenta la igualdad de las personas y sus derechos».
Para la diputada, «la ley se aprueba para acallar conciencias». Díaz ha explicado que esta norma recoge medidas como la posible expropiación de viviendas vacías a los bancos que «se anularían por el Tribunal Constitucional al ser competencia estatal». «Las expropiaciones de las que habla el proyecto de ley, junto las amenazas de multas, nos trasladan a la izquierda más rancia y radical», ha asegurado.
Díaz ha animado al Consell a trabajar «de verdad» para paliar realmente el problema de los desahucios que afectan a familias valencianas «porque, mientras en el resto de España han bajado los desahucios, en la Comunitat Valenciana se han incrementado», según ha informado el PP en un comunicado.
En este sentido, ha instado al Consell a eliminar de la ley «cualquier medida que suponga una clara amenaza y coacción a quien no actúe como ellos quieren», y a «resaltar» esa parte de la ley que «habla de conveniar con bancos e incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas a disposición de la Generalitat para alquiler social. «Somos más partidarios de establecer ayudas antes que expropiar», ha manifestado.
Por su parte, el coordinador de infraestructuras del grupo popular, Alfredo Castelló ha calificado esta ley como «un bodrio en diferido que va contra la gente». «Sancionar es un sistema pernicioso. En lugar de multar deberían pensar en positivo, en dar ayudas», ha manifestado.
Además, Castelló ha mostrado sus «dudas» respecto a la inversión de 20 millones de euros para aplicar esta norma anunciados por la consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador. «No resulta creíble con los actuales precedentes. En 2016 han recortado el presupuesto y la gestión que vienen haciendo demuestra que no les importa el tema de la vivienda», ha subrayado.