El Consell agradeció este viernes la renuncia de la ya ex diputada del PP en Les Corts Milagrosa Martínez, que a partir del 31 de marzo será juzgada por las adjudicaciones a la rama valenciana de la trama Gürtel cuando era consellera de Turismo. El portavoz del Ejecutivo valenciano, José Ciscar, reconoció que esta decisión «la honra» pero aseguró que no habrá contrapartidas institucionales ni económicas para la todavía alcaldesa de Novelda.
Martínez, que presentó a primera hora del viernes su renuncia en la Cámara valenciana, seguirá no obstante al frente del Ayuntamiento de Novelda. Ciscar, que afirmó que la ex diputada ha actuado «con absoluta y plena responsabilidad», recordó que el Consell no puede obligarla a dejar la alcaldía pero sí que le pidió que actúe «con la misma responsabilidad» en todos los ámbitos.
El propio vicepresidente del Consell (también presidente del PP en la provincia de Alicante), entre otros «muchos compañeros», había hablado en las últimas semanas con Milagrosa Martínez para pedirle que dejara el escaño después de conocerse la apertura de juicio.
Aunque Ciscar afirmó desconocer si el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, también se había reunido con ella, aseguró que no habrá para la ex diputada ni para su familia «ningún beneficio de tipo institucional». Y es que la ex consellera, al parecer, habría solicitado a su partido que le echara un cable en su delicada situación económica familiar. Bien con trabajo, bien con fondos.
Preguntado por esta cuestión, Ciscar aseguró que la dirección del PP en Alicante, de la que él es responsable, no se plantea pagar la defensa de Martínez, aunque no aclaró si la dirección regional lo haría. De hecho, dejó la puerta más que abierta al considerar que se trata de «una decisión interna» del partido y al contemplar con normalidad que ese punto formara parte de las conversaciones mantenidas con la ex diputada.
Por otro lado, el portavoz del Consell confirmó que el trámite de apertura de expediente disciplinario a Martínez por parte del PP seguirá adelante. Se trata de hacer cumplir los estatutos del partido ante cualquier afiliado que se encuentre implicado en una investigación judicial, en cualquiera de sus fases.