La sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Gobierno valenciano a entregar a Compromís la documentación solicitada en relación al canon abonado por las siete carreras de Fórmula 1 en Valencia, las facturas de las ventas de entradas por parte de Valmor, así como la compra de esta empresa por parte de la sociedad pública Circuito del Motor.
De esta manera, el tribunal valenciano ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, contra el Consell por denegar la documentación solicitada, amparándose en que los contratos de la Fórmula 1 están sujetos a cláusulas de confidencialidad. Además, el TSJCV obliga a la administración autonómica a pagar las costas del proceso.
Oltra, que ha celebrado esta sentencia, ha hecho hincapié en que este fallo «se carga el argumento de las cláusulas de confidencialidad». De hecho, el ministerio fiscal considera que el Gobierno valenciano «incumplió su obligación de facilitar información» y en el propio texto del tribunal se indica que la naturaleza pública de los documentos solicitados es «indiscutible».
La diputada de Compromís ha señalado al respecto que ella no pedía conocer «la composición del motor de un Ferrari», sino «cuánto ha ganado Valmor» con la venta de entradas y «cuánto ha endosado» a la Generalitat, que la compró por un euro y asumió su deuda, que ascendía a 40 millones, ha precisado Oltra. En total, ha lamentado, la Fórmula 1 «que no nos iba a costar ni un euro, ha costado cerca de 300 millones» a las arcas públicas, ha afirmado.
Por otro lado, Mónica Oltra ha señalado que la sentencia «no es firme» y cree que la recurrirán porque al Consell «le sale gratis pleitear». Por ello, ha anunciado que Compromís está estudiando la posibilidad de elevar al Tribunal de Cuentas un procedimiento por alcance para que sean los responsables de denegar información pública quienes paguen las costas de estos procesos. En este sentido, ha apuntado a la consellera de Educación, María José Català, como una de los miembros del Consell «que más recursos acumula en su acción de gobierno».
INFORME PWC
En esta línea, Oltra ha criticado que el Gobierno valenciano haya decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCV que obligaba al Consell a entregar a Compromís el informe de Price Waterhouse sobre la situación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en el que el Gobierno valenciano se basó para realizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), a pesar de que la exdirectora de la sociedad, Rosa Vidal, «nos dijo que no lo recurrirían», ha lamentado.
Oltra se ha mostrado orgullosa del camino abierto por Compromís al «atacar la causa de la corrupción», que es la «falta de información». Así, ha recordado que la «tarea quijotesca» que supuso iniciar los procedimientos judiciales contra el Gobierno valenciano por los casos de denegación de información. Pero, «estamos consiguiendo una jurisprudencia» que permite «reforzar la democracia», ha remarcado.