El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha evitado hoy pronunciarse sobre si los populares podrían tomar alguna acción contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua si ésta no modifica la polémica definición de «valenciano» que incluye en su Diccionari Normatiu. Más bien se ha mostrado convencido de que se llegará a un acuerdo «que cumpla la normativa».
«Se están hablando de estos temas con la Acadèmia y estoy convencido de que, como siempre, se llegará a los consensos y acuerdos que cumplan la normativa», ha dicho Castellano. El PP y el Consell esperan que la institución normativa dé marcha atrás forzada por el dictamen del Consell Jurídic Consultiu solicitado al respecto.
El también conseller de Justicia y Gobernación ha insistido en el cumplimiento del Estatuto de Autonomía valenciano. En este sentido, ha recordado que nuestra Carta Magna establece, en su artículo 6, «que lo que se habla aquí es el valenciano y ninguna otra cosa».
Además, explica que según la ley de creación, la función de la AVL es «potenciar el valenciano», en referencia a las declaraciones del presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, quien ha afirmado esta mañana que el Consell debe dejar que la Acadèmia «haga lo que debe».
Por su parte la consellera de Educación, María José Català, ha desvinculado la solicitud del informe al CJC de una acción política ni científica, sino de una decisión «desde el punto de vista jurídico». Es decir, para «clarificar la compatibilidad de la definición del valenciano regulada en el Diccionari con la ley de creación de la AVL y con el Estatuto de Autonomía»
Català ha asegurado que la Generalitat «no quiere que se hable del valenciano para conflictos ni para polémicas y ese fue el espíritu para el que se creó la AVL y que viene recogido en su ley de creación». La consellera cree que la Acadèmia se ha podido extralimitar en sus competencias porque existe un dictamen previo del CJC donde se establece que «no se tiene que poner en cuestión el nombre del valenciano».
En el caso de que el CJC considerara que las denominaciones de catalán y valenciano no son compatibles, aunque sus informes no son vinculantes, Català cree que esta opinión debería incorporarse a la normativa, y que no entendería «que un órgano estatutario como es la Acadèmia no asuma la opinión o la perspectiva de un órgano estatutario como es el CJC».
Aunque la AVL no se ha pronunciado oficialmente sobre esta polémica, este viernes celebrará un pleno en el que seguramente este asunto centrará buena parte de la sesión. Alguno de los académicos sí que ha expresado en privado su malestar por la dimensión política que ha alcanzado esta cuestión. En este sentido el profesor Artur Ahuir cree que es necesario poner «cordura» en el debate y centrarlo en «las palabras».