La Conselleria de Vivienda ha iniciado el pago de las ayudas de las resoluciones 501 que reconoció la consellera María José Salvador por valor de 40 millones de euros, después de que el anterior Gobierno del PP dejara sin derecho a estas personas a cobrar la ayudas. Además, también se ha iniciado el pago de las ayudas a la vivienda correspondientes al año 2015. En total, por el momento, se han abonado ayudas por valor de 1.699.751 euros que beneficiarán a más de 1.500 familias. En cuanto a las cuantías, 1.450.798 corresponden a ayudas de 2015 y 248.953 de las 501.
De esta forma, se han superado las previsiones de plazos del calendario suscrito el pasado mes de julio con la Plataforma de Afectados por el Impago de las Ayudas a la Vivienda y que establecía empezar a pagar las 501 a partir del mes de julio de 2016, después de la liquidación de la deuda pendiente por parte del anterior Gobierno.
En total, los pagos pendientes del anterior Consell en ayudas a la vivienda ascendían a 240 millones de euros, que ya han sido abonados por el actual gobierno autonómico. El Gobierno autonómico del PP se negó a validar estas ayudas que tuvieron que ser reconocidas por la consellera María José Salvador al llegar al cargo para poder iniciar su tramitación. A las 5.500 familias afectadas, la actual consellera de Vivienda les otorgaba la misma seguridad jurídica que al resto de afectados.
Asimismo con el pago de las ayudas de 2015, la Conselleria quiere evitar los perjuicios que supone para los beneficiarios la acumulación de deuda como hasta la pasada legislatura era habitual.
1.100 expedientes encontrados en los cajones sin tramitar
Hay que recordar que la Intervención General de la Generalitat está estudiando la forma de resolver los cerca de 1.100 expedientes que afectan a otras tantas familias. La suma de estos expedientes sin tramitar asciende a 60 millones de euros.
En julio de 2013, por haber sobrepasado sobradamente los límites presupuestarios, se dictó una instrucción interna por la que ordenaba a los Servicios Territoriales de las Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que todos los expedientes de concesión de ayudas en tramitación, independientemente de la fase en la que se encontraran, se resolvieron de forma negativa por falta de recursos económicos.
Esta instrucción no fue acatada por los Servicios de la conselleria que entendieron que el marco normativo vigente no contemplaba esta posibilidad, ya que se deben resolver las solicitudes de ayudas tras constatar el cumplimiento de las condiciones fijadas en las convocatorias y que, por tanto, la ilegalidad cometida en tramitar ayudas, excediendo las consignaciones presupuestarias existentes, no podía perjudicar los derechos de los ciudadanos. La consecuencia de todo esto fue que, a partir de aquella fecha, dejaron de tramitarse los expedientes que se encontraban pendientes de instrucción en ese momento y que ahora se están intentando resolver.
Por ello, la conselleria ha puesto en manos de la Intervención General esta cuestión para intentar resolverla y, paralelamente, sigue trabajando para saldar la deuda pendiente que se está abonando correctamente incluso mejorando los plazos establecidos.