El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha reclamado al Gobierno central que rectifique y cumpla con su compromiso de ampliar el techo de déficit de 2016 del 0,3% al 0,7% del PIB, una medida que supondrá para la Comunitat Valenciana 400 millones más destinados a pagar a los proveedores, pymes y familias valencianas. «No hay razón alguna para que el Gobierno de España no proceda a clarificar que el techo de gasto, como se comprometió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 28 de abril, pase del 0,3% al 0,7%. Si no lo hace, es porque no quiere», ha aseverado el conseller tras defender que la Ley 50/1997, del Gobierno, actualmente vigente, permite al Ejecutivo central aprobar medidas como ésta simplemente apelando al interés general, «una condición que es obvio que se da».
Vicent Soler ha emplazado al Ejecutivo central a «no jugar con el dinero de todos» con fines «que se antojan electorales» y, sobre todo, a «no jugar con los proveedores, familias y pymes, a los que se castiga con una actitud que supondría bloquear 400 millones para la Comunitat Valenciana que van destinados a ellos». «La ley del Gobierno permite adoptar la ampliación de los objetivos de déficit. Existe un Gobierno en funciones pero existe un Gobierno y un Parlamento y eso son trámites que se pueden hacer. ¿No lo hace? Tendrá que dar explicaciones porque pretenden causar sufrimiento, no a los gobiernos, sino a miles de ciudadanos que pagarán las consecuencias», ha criticado.
La citada ley de Gobierno limita las decisiones que puede adoptar un ejecutivo en funciones, entre las que figura el veto a aprobar proyectos de ley, y para las actuaciones que no sean objeto de ley (los objetivos de estabilidad son acuerdos de Consejo de Ministros), establece en su artículo 21.3 que «limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».
En la reunión del 28 de abril, el CPFF informó favorablemente sendas propuestas de objetivos de estabilidad y deuda pública para 2016 y para 2017-2019, según el trámite establecido en el artículo 15.1 de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Gobierno dio por hecha la aprobación de esta medida, y así lo difundió públicamente. Sin embargo, este domingo el ministerio trasladó que no podría materializar esta medida alegando que un Gobierno en funciones no puede llevar al Parlamento unos nuevos objetivos ni el aumento de la financiación que comportan.
«Es una cuestión de voluntad política», ha recalcado el conseller, para el que el Ministerio de Hacienda «está haciendo un chantaje intolerable a las comunidades» con el fin de «presionar» para facilitar la investidura del presidente en funciones. Ha criticado que el Gobierno alegue que «está en funciones para unas cosas y, en cambio, para imponer recortes o solucionar el problema de la financiación (aunque sea transitoriamente mediante una aportación extraordinaria), se aplique con crueldad presupuestaria. Es un Gobierno irresponsable, antiautonomista y, en lo que afecta a la Comunitat, antivalenciano».
Soler ha censurado que el Ejecutivo «da a unas comunidades un dinero que no tienen que devolver y a otras, como la valenciana, unos recursos que tenemos que devolver y con intereses» a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). «No es la solución, es un sistema perverso que nos ha costado 1.256 millones en intereses desde 2012, pero ahora encima nos niegan también esta vía», ha censurado el conseller.
«En el CPFF no se nos dijo que estaba condicionado»
Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha manifestado que «en política no todo vale. Ni un ministro, ni un partido incapaz de formar gobierno pueden tomar como rehenes a los ciudadanos». «Castigando a las comunidades autónomas castigan a la parte de la sociedad más vulnerable, porque las comunidades son las que gestionan y financian las políticas sociales, la sanidad y la educación», ha añadido.
«Montoro miente doblemente. Sabe perfectamente que en la reunión del CPFF del 28 de abril nunca se nos dijo que el acuerdo para la ampliación del déficit autorizado estaba supeditado a la formación del nuevo gobierno y sabe perfectamente que la formación del nuevo gobierno no es un impedimento legal para su aplicación», ha indicado la secretaria autonómica de Hacienda.
Para Ferrando, en el caso de la Comunitat Valenciana, fijar el techo de déficit en el 0,7% del PIB «es una limosna; ahora, reducirlo al 0,3%, recortarlo en 400 millones, supondría un sacrificio inasumible». «Somos la comunidad autónoma peor financiada de España y exigimos déficits autonómicos asimétricos, porque no todas las autonomías partimos de la misma situación. La reforma de la financiación autonómica debe abordarse de inmediato, para los valencianos es una cuestión vital, y mientras no se aborde el problema de fondo los chantajes con el FLA son intolerables», ha recalcado.
La secretaria autonómica ha alertado de que la Comunitat Valenciana tiene un dèficit de financiación de unos 1300 millones de euros. «Si además vamos a disponer de 400 millones menos, aunque sean en préstamos a devolver, a diferencias de otras autonomías, que Montoro o el presidente en funciones, Mariano Rajoy, nos expliquen cómo pagamos nuestros colegios, nuestros hospitales y la atención social».