La portavoz del Consell, María José Català, ha anunciado este viernes que la Generalitat interpondrá un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el decreto del Consell que fija precios del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados.
La también consellera también ha explicado que el Gobierno valenciano elaborará una ley que tendrá que ser aprobada en las Corts para que las aportaciones económicas que hacen los usuarios tengan la consideración de tasa y tributo, y no de precio público que es como hasta ahora estaba regulado.
Català ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por si la Generalitat presentará un recurso contra esta sentencia y sobre cuál será la hoja de ruta a partir de ahora.
La también consellera ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat están analizando la sentencia y el Consell «se pronuncia favorable a la interposición de un recurso de casación».
No obstante, ha indicado que «se considera que los servicios regulados en el decreto son servicios asistenciales básicos imprescindibles» y que, por tanto, «las aportaciones económicas de los usuarios deben realizarse mediante una tasa y un tributo y no mediante un precio público, que es como estaba regulado». Al respecto, ha avanzado que esto se hará a través de una ley aprobada en las Corts.
Català ha subrayado que la resolución judicial «no anula el copago», ya que se trata de «una cuestión procedimental de cómo se reguló en su día» y ha recordado que en la Comunitat se hizo del mismo modo que en muchas otras autonomías.
Inquirida por si se asumirán responsabilidades en la Conselleria de Bienestar Social, ha considerado que «no hay responsabilidades» porque la mayoría de las comunidades han regulado este copago como la autonomía valenciana.
Respecto a si se devolverá el dinero a los usuarios, ha explicado que la sentencia todavía no es firme y, en cualquier caso, ha señalado que las aportaciones las han recaudado los propios centros. «Es dinero que no entrado en las arcas de la Generalitat», ha indicado Català, quien ha añadido: «En el futurible, veríamos qué se haría».
Según datos del Consell, el copago afecta a 4,4 millones de euros –1,5 millones de euros de discapacitados y otros 2,9 millones de euros de personas mayores–. Respecto a los usuarios, son 3.350, unos 2.400 mayores y 950 discapacitados.
Català, preguntada por las críticas de algunos alcaldes a este copago, ha incidido en que la sentencia «no entra a valorar ni a anular el copago establecido que es un desarrollo de la normativa básica». Por tanto, «nosotros tenemos que mantener el sistema como lo hacen el resto de comunidades y si ha tenido vicios o defectos de procedimiento, resolverlos», ha manifestado.