El Consell ha detectado 60 millones en miles de expedientes de ayudas a la vivienda sin resolver y escondidos en un cajón, una situación que afecta a 1.100 personas y unidades familiares que han estado años esperando a que se resolvieran sus ayudas.
Así lo ha denunciado la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras mantener una reunión con la Plataforma de Afectados por los Impagos de las Ayudas a la Vivienda, donde ha lamentado que la existencia de estos expedientes y de la deuda pendiente «han sido ocultados por el anterior equipo de esta Conselleria». De hecho estos 60 millones se tienen que unir ahora a los 240 millones de euros que tuvo que reconocer Bonig obligada por la Intervención de la Generalitat, y a los 40 millones de euros de las resoluciones 501 que reconoció el nuevo Consell nada más tomar posesión.
Ante esta situación, ha informado la consellera, una vez realizados los trabajos de gestión de estos expedientes y después del informe de Abogacía, se ha remitido toda la documentación a la Intervención General de la Generalitat para que resuelva las dudas razonables de la gestión económico – financiera de los planes de vivienda 2005-2008 y 2009-2012.
Además, desde la Conselleria se ha instado a la Intervención de la Generalitat a que actúe e investigue los hechos. Para la consellera, «deberá ser la Intervención la que dilucide total y definitivamente cuáles son las actuaciones que debe tomar la conselleria ante estos hechos para reconducir a la legalidad lo que se realizó ilegalmente durante la gestión del antiguo Consell del PP».
1.100 solicitudes sin tramitar
Según ha explicado Salvador, el anterior equipo de la conselleria, presidido por Bonig, ocultó que, además de los expedientes de ayudas que les obligó a reconocer la intervención en 2014 por valor de 240 millones de euros, existía también un enorme número de expedientes de ayudas. La titular de Vivienda ha dado la cifra de cerca de 1.100 solicitudes, tramitadas a cargo de los dos planes de vivienda del Ministerio que se habían dejado de instruir por orden de la consellera Isabel Bonig en 2013. Al respecto, ha apuntado que, por tanto, «no existía ningún reconocimiento de obligación de pago, a pesar de que se habían quedado en fase de calificación provisional o definitiva favorable de las actuaciones a subvencionar».
La consellera ha recalcado que se trata de «1.100, personas, de 1.100 unidades familiares, que decidieron comprarse una VPO porque tenían una subvención, una VPO que además no la pueden alquilar, ni la pueden vender, y la antigua consellera decidió que todas estas ayudas fueran denegadas».
«Hasta ahora, sabíamos que los antiguos responsables concedieron, premeditamente y con alevosía, más ayudas de las que podían; estafaron a la gente que pidió ayudas para pagar su alquiler o la rehabilitación de su vivienda, pero ahora sabemos que su gestión oscura no termina ahí. Su maquiavelismo político a la hora de jugar con expectativas de presente y de futuro de la gente fue mucho más allá», ha denunciado.
Sobrepasado los límites presupuestarios
En este sentido, ha señalado que la antigua consellera, cuando se encontró ante la imposibilidad de seguir tramitando más ayudas por haber sobrepasado sobradamente los límites presupuestarios, dictó en julio de 2013 una instrucción interna por la que ordenaba a los servicios territoriales que todos los expedientes de concesión de ayudas en tramitación, independientemente de la fase en la que se encontraran, se resolvieran de forma negativa por falta de recursos económicos.
Esta instrucción no fue acatada por los servicios de la conselleria, que entendieron – ha destacado Salvador – que el marco normativo vigente no contemplaba esta posibilidad, ya que se deben resolver estimatoriamente o desestimatoriamente las solicitudes de ayudas tras constatar el cumplimiento de las condiciones fijadas en las convocatorias públicas y que, por tanto, la ilegalidad cometida en tramitar ayudas excediendo las consignaciones presupuestarias existentes no podía perjudicar los derechos de los ciudadanos.
La consecuencia de todo esto – ha manifestado la consellera de Vivienda – fue que, a partir de aquella fecha, dejaron de tramitarse más expedientes que se encontraban pendientes de instrucción en ese momento. Así, según ha indicado Salvador, «se trata de 1.100 expedientes que afectan a miles de ciudadanos y promotores valencianos destinados a ayudas en actuaciones de rehabilitación, acceso a la vivienda, alquiler u otros conceptos similares en materia, con un importe que calculamos en cerca de 60 millones de euros».