El copago farmaceútico vuelve a la actualidad

El Gobierno recurre las ayudas del Consell al copago farmacéutico

El Gobierno recurre las ayudas del Consell al copago farmacéutico. El Gobierno central ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra los decretos del actual Consell que conceden subvenciones a pensionistas y personas con diversidad funcional para eliminar los efectos del copago farmacéutico establecido por el Ejecutivo del PP en 2012.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha recibido el recurso interpuesto por el abogado del Estado contra los Decreto 240/2015 y Decreto 39/2015, ambos de 29 de diciembre de 2015, del Consell, que regulaban las bases de las ayudas para el colectivo de pensionistas y personas con diversidad funcional, según publica este martes el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Estos decretos, con un coste estimado de 41 millones, permitían a los pensionistas y personas con diversidad funcional dejar de pagar a partir del 1 de enero el copago farmacéutico ya que este desembolso era asumido por la Generalitat.

En concreto, estos decretos beneficiaban a 910.000 pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a los 18.000 euros, que dejarán de pagar por los medicamentos recetados por los médicos del sistema público de salud.

Asimismo, concedían estas ayudas a unas 136.000 personas con diversidad funcional que presentan una discapacidad reconocida del 65% o más en el caso de mayores de edad y del 33% o más en el caso de los menores. En este caso, además de medicamentos, estas personas también pueden acceder sin pago suplementario a las ortoprótesis que necesiten, sujetas a financiación pública.

El copago farmacéutico ha sido uno de los caballos de batalla de la actualidad política. Fue a finales de 2015 cuando el Gobierno Valenciano anunció su supresión en los citados casos. El día 1 de enero se derogó  la medida que había implantado el Gobierno central y el pleno del Consell destinó un total de 41 millones de euros para este fin.

Reacciones a la medida de Rajoy

La Conselleria de Sanidad ha recalcado que los decretos cuentan con los todos los informes preceptivos, entre ellos, los de la Abogacía y la Intervención de la Generalitat. «Resulta sorprendente que con la multitud de problemas que se le acumulan en la mesa a Mariano Rajoy, este gobierno en funciones, que apura sus últimos días al frente del Ejecutivo, parece no tener nada más importante que hacer que combatir las medidas de urgencia adoptadas por la Generalitat para hacer una sociedad más digna y proteger la salud de las personas menos favorecidas», ha añadido.

A su juicio, «con medidas como ésta, el Gobierno de Rajoy no solo se enfrenta al Consell, sino, lo que es mucho más grave, a las miles de personas que ahora ya pueden acceder a los tratamientos médicos prescritos por su médico que no iniciaban o no continuaban debido a los copagos».

La Conselleria ha recordado que, gracias a esta medida, que entró en vigor en enero de 2016, más de 807.000 personas de la Comunitat Valenciana, tanto pensionistas con rentas bajas (más de 710.600) como personas con diversidad funcional (más de 96.500), han accedido a sus tratamientos sin abonar el copago que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy con el decreto 16/2012.

Montón ha apuntado que el Gobierno ya intentó bloquear la universalidad de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana al llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional. «En este caso, el Gobierno fracasó en su intento de impedir la sanidad universal valenciana, ya que el TC, hace un mes, levantó la suspensión del Decreto-Ley del Consell que garantiza la atención para todas las personas«, ha comentado.

En esta línea, ha añadido que el TC destacó entre sus argumentos para mantener la vigencia de la norma valenciana que «el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad poseen una importancia singular en el marco constitucional que no puede desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado».

 

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