El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar de nuevo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps para contestar a las repreguntas declaradas pertinentes en relación con la gestación de los Valencia Summit organizados en 2004, 2005 y 2006 por el Instituto Nóos y por los que esta entidad percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos, cuyo destino se investiga en el marco de esta causa.
Así consta en un auto de fecha de este lunes en el que el magistrado acuerda librar un exhorto al juzgado decano de Valencia en el que solicita que, de acuerdo con los pliegos de repreguntas, ya declaradas pertinentes, se tome declaración como testigo al exjefe del Consell. El juez acordó que la primera comparecencia como testigo fuera por escrito, en presencia de secretaria judicial para que no ser «influenciado por terceras personas» que tuvo lugar el pasado 1 de febrero. Tras esta declaración, el juez estimó «pertinentes» los pliegos de repreguntas que, en esta ocasión, le plantearán por parte de la defensa de Iñaki Urdangarin, y la acusación popular ejercida por los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.
La Audiencia rechaza indagar la autenticidad de las facturas
Además este martes la Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado requerir a los proveedores que colaboraron con el Instituto Nóos para la organización de los Illes Balears Forum y los Valencia Summit, que acrediten la autenticidad de las más de las 919 facturas con las que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha intentado acreditar, en base a los ingresos y gastos en que incurrió Nóos en estos eventos, que la entidad tuvo que afrontar cuantiosas pérdidas económicas con ellos.
Mediante esta diligencia, la defensa de Torres pretendía que los proveedores certificasen el contenido que figura en las facturas, pero el tribunal de la Sección Segunda ha confirmado la decisión que ya adoptó el juez instructor del caso Nóos, José Castro, de no llevar a la práctica este requerimiento por cuanto, alegaba, constituiría una reiteración de diligencias que, «aparte de superflua, implicaría dado el elevado número de personas a que se refieren, un retraso en la instrucción de muchos meses«.
EUPV y Compromís reaccionan ante la nueva citación de Camps
El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes Ignacio Blanco ha criticado este martes sobre las explicaciones del expresidente de la Generalitat debido a que «el parlamento autonómico, de ese diputado no haya dado ni una sola explicación».
Blanco ha lamentado que Camps no haya respondido «ni una sola pregunta, a pesar de las muchas solicitudes que hemos formulado desde Esquerra Unida».
Para el diputado de EUPV, se trata de «una situación indignante que mancha la imagen, por supuesto personal del ex presidente de la Generalitat, pero también, en el fondo, del parlamento valenciano».
Por su parte el portavoz de Compromís, Enric Morera, considera que la nueva citación demuestra que el exjefe del Consell «sabe muchísimas cosas del saqueo de las arcas públicas valencianas y no cuenta todo».
El dirigente de Compromís ha pedido a Camps «que sea valiente, que colabore con la Justicia y que deje de omitir información, porque la sociedad valenciana está harta y quiere saber la verdad y quiere que los culpables paguen por el daño hecho al erario público valenciano». «Desde Compromís siempre hemos preguntado y Camps y los suyos nos han negado datos y la realidad, una realidad que, poco a poco, saca a la luz la justicia».
72 PREGUNTAS
Camps contestó en su despacho oficial del Consell Jurídic Consultiu, en Valencia, a 64 preguntas planteadas por el Ministerio Fiscal y a ocho de Manos Limpias. En ellas, negó que hubiera mantenido una reunión en el Palacio de la Zarzuela con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para hablar de la celebración de los Valencia Summit, y que se hubiera reunido con él o con su socio en la ciudad o cualquier otro lugar a propósito del proyecto.
La mayoría de sus respuestas fueron negaciones o la afirmación de «lo desconozco» a las cuestiones, mientras que las más largas hicieron referencia a la celebración de los Juegos Europeos, evento que atribuyó a una decisión «política» del Consell y al Parlamento valenciano.
Asimismo, aseguró que en todas las Administraciones a las que ha pertenecido ha dejado «libertad absoluta» a los servicios jurídicos y a los funcionarios para elaborar los procedimientos «correspondientes en cada circunstancia, limitando mi papel al estrictamente asignado en cada responsabilidad política».