El juez titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha dejado en libertad provisional a los seis empresarios detenidos en el marco de la ‘Operación Taula’ que en la noche del miércoles han prestado declaración ante el magistrado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. También, la secretaria del Grupo Popular del Ayuntamiento, María del Carmen García Fuster, ha sido puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión. La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en funciones tras el cese de Alfonso Novo, Maria Àngels Ramón-Llin, ha anunciado que ha sido cesada como asesora y secretaria. La edil ‘popular’ ha señalado que, «tal como se habló con el alcalde» de la ciudad, Joan Ribó, «se procede a dejar sin efecto» el nombramiento de García Fuster como asesora y secretaria del grupo municipal del PP. De este modo, ha asegurado que esta formación tiene previsto «hacer efectivo» este planteamiento «rápidamente» con el registro del correspondiente escrito en el consistorio, con lo que «deja de ser asesora y secretaria del grupo municipal del Partido Popular.
El juez está previsto que siga recibiendo a los 10 detenidos restantes durante la mañana de este jueves, entre los que se encuentra el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia, previsiblemente a partir de mediodía a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando, según las mismas fuentes.
De este modo, han quedado en libertad provisional los 14 detenidos que han declarado ante el juez en Valencia y a cinco de ellos les ha impuesto el pago de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados.
En total, hay 29 investigados en esta causa contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Entre ellos figura el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
La operación se saldó con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, mientras que hay otros 5 investigados que no fueron detenidos, pero que sí han sido citados para declarar ante el juez, entre ellos el concejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.
Además, se han practicado 33 registros en las tres provincias de la Comunidad, tanto en domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas y fundaciones (Ciegsa, Fundación Jaume II), así como la sede del Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente o la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.