El juez instructor del ‘caso Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha pedido al PPCV que certifique si 29 personas ocuparon cargos en el partido entre los años 2004 y 2009. En concreto, pregunta por dos altos cargos del Consell, otros 18 exdirectivos, y 10 trabajadores, funcionarios y exasesores.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada por el juez José Ceres dentro de la pieza 5 relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, y otras sociedades del Grupo Correa, que pudieron constituir delitos de prevaricación, u otros. El requerimiento se dirige tanto al PPCV como a las direcciones provinciales, y es fruto de «algunas preguntas y menciones realizadas en diversas declaraciones a la posible pertenencia de algunos declarantes al PP», según el magistrado.
Así, el juez pide al partido que certifique vía fax, en un plazo de cinco días, si un total de 29 personas tuvieron algún cargo orgánico o formaron parte de alguna comisión en el partido, si integraron algún Comité de Campaña de naturaleza electoral, o si fueron representantes del partido en la respectiva Diputación Provincial, Ayuntamiento o en Les Corts entre los años 2004 y 2009.
En concreto, los altos cargos son Carmen Díaz, gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes; e Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. Respecto a los 18 ex altos cargos, el magistrado pide información sobre Juan Miguel Bellver, ex director general de la empresa pública Vaersa; María Auxiliadora Hernández Miñana, ex secretaria autonómica de Educación; Dora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat; y Arantxa Vallés, ex responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat.
Así mismo, requiere información sobre Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultural; Silvia Caballer, ex directora general del Libro; Rafael Peset, exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad; Alfonso Bataller, alcalde de Castellón y exsubsecretario Conselleria Sanidad; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria, y Pilar Ripoll, ex directora general de Calidad y Atención al Paciente.
Además, el juez pregunta por los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera; los ex secretarios autonómicos de Deportes David Serra (actualmente diputado) y Niurka Montalvo; Alicia de Miguel, exdiputada y exconsellera de Bienestar Social; Enrique Navarro Alejandro, ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad, y Clara Abellán, ex directora general en la Conselleria de Bienestar Social.
Así mismo, se interesa por Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; José María Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market; Aránzazu Gil, exsecretaria de Farnós; Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exasesor jurídico de Vaersa o Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana. También cita a Ignacio Ferrer, de la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad; Patria Callaghan, jefa de Sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio, y a Emilia Llorca.
Por otro lado, en la misma providencia, el juez acuerda tomar declaración testifical ampliatoria a un funcionario en relación con la contratación del Hospital Clínico del año 2008, sin perjuicio de poder ser preguntado por otros aspectos complementarios de las contrataciones de Premios Salud y Sociedad de los años 2006 a 2008 que precisen alguna aclaración o complemento. Por último, incorpora a la causa el convenio firmado entre la Generalitat y Ecombes, facilitado por la Conselleria de Infraestructuras, de abril del año 2000.