El PPCV ha transformado en disciplinario el expediente informativo abierto a los militantes de la formación implicados en la pieza por los contratos de Fitur dentro del ‘caso Gürtel’, tras fijarse la fecha de inicio del juicio para el próximo 31 de marzo. Entre ellos, están las exconselleras de Turismo Angélica Such y Milagrosa Martínez, esta última además expresidenta de las Corts y alcaldesa en la localidad alicantina de Novelda.
Según ha informado el PPCV en un comunicado, de conformidad con los Estatutos del partido y «tal y como está contemplado en el artículo 18.8 a, habida cuenta de la fijación de fecha de juicio de la pieza que investiga las contrataciones de Fitur, el expediente informativo que tienen abierto los militantes implicados en la causa se transforma en expediente disciplinario».
El PPCV ha especificado que la resolución del expediente disciplinario tendrá lugar «cuando se dicte sentencia o en su caso auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial, tal y como especifican los Estatutos».
El juicio por la pieza 3 del ‘caso Gürtel’, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, arrancará el 31 de marzo, un año después de la fecha prevista inicialmente después de una serie de serie de recursos que han concluido con que la vista se celebrará finalmente en el Tribunal Superior de Justicia pese a que no incluye ya aforados, porque Martínez y Such, ambas exdiputadas, dejaron sus escaños cuando ya se había fijado la fecha de juicio.
13 PROCESADOS
En esta causa hay un total de 13 procesados: las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa –considerados presuntos cabecillas de la trama–; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turisme; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministardora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).
Los 13 procesados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market –y otras sociedades vinculadas–, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV.
Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consellera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más –TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid–; Exporural; y adjudicaciones de las Consellerias de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.
Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
El magistrado instructor pidió 636.500 euros de fianza para Milagrosa Martínez; otros 651.500 euros para Correa, Crespo y Pérez; 645.000 euros para Betoret; 540.000 para Vidal; 440.000 para Jordán; 336.500 euros para Herrero; 330.000 para Magariños; 230.000 para Guarro; y 137.000 euros para Grau. La Secretaria de la Sala, tras comprobar que ni Herrero, Martínez, Betoret, Vidal, Guarro ni Grau habían depositado la fianza fijada, ordenó crear una pieza de responsabilidad pecuniaria y embargar sus bienes con el correspondiente trámite de averiguación y traba de pertenencias.