El presidente de EEUU, Barack Obama, aseguró que su país «no puede determinar el futuro de Egipto», y que Washington «no toma partido» por ninguna de las partes en la crisis que ha dejado ya más de 500 muertos.
Violentos choques entre partidarios y opositores de Mursi, depuesto y encarcelado el 3 de julio, volvieron a estallar este jueves en varias ciudades de Egipto, donde los Hermanos Musulmanes llamaron a sus seguidores a participar masivamente en los funerales de los fallecidos la víspera en la represión policial.
El portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio, Mohamed Fathalá, apuntó a la televisión nacional que el mayor número de fallecidos en El Cairo se registró en la acampada de los seguidores del depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi en la plaza de Rabea al Adauiya, donde 202 personas murieron. Fathalá no dio cifras de víctimas en otros lugares, aunque destacó que el número de muertos en el resto de provincias se mantiene casi igual, y que el aumento se debe a que se han contado más fallecidos en El Cairo.
Las autoridades decretaron el estado de emergencia durante un mes y el toque de queda por la noche tras la violencia que se extendió por todo el país. Después del inicio de la operación policial contra las acampadas, los Hermanos Musulmanes hicieron llamamientos a sus partidarios para que salieran a las calles de Egipto, lo que degeneró en choques con las fuerzas del orden y opositores al depuesto mandatario.
En su reacción a la violencia en Egipto, Obama anunció la suspensión de los ejercicios militares bienales con ese país y sentenció: «El pueblo egipcio merece algo mejor que lo que hemos visto en los últimos días. El ciclo de violencia debe detenerse».
Desde Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió a todas las partes en Egipto que den un paso atrás para salvar el país del desastre y exigió «una investigación independiente, imparcial, efectiva y creíble sobre la conducta de las fuerzas de seguridad». «Deploro la pérdida de vidas y pido a todos en Egipto que busquen una solución fuera de la violencia. Urjo a la autoridades egipcias y a las fuerzas de seguridad que actúen con la máxima moderación», dijo Pillay, quien lamentó la «peligrosa polarización» de la sociedad egipcia y pidió «reconciliación».
Según las autoridades, un total de 21 comisarías y puestos policiales, además de sedes de las gobernaciones provinciales, han sido asaltadas por manifestantes; e incluso la Biblioteca de Alejandría ha sido blanco de un ataque armado. En el sur, al menos 7 iglesias han sido atacadas, muchas de ellas incendiadas. Las autoridades y la Hermandad se han acusado mutuamente de estar detrás de las agresiones a templos cristianos.
Ante este panorama, la Presidencia, con el visto bueno del Consejo de Ministros, decretó el estado de emergencia durante un mes por el «peligro» que se cierne sobre «la seguridad y el orden en los territorios del país». El estado de emergencia estuvo en vigor en Egipto con la excusa de la lucha contra el terrorismo desde 1981 hasta mayo de 2012, cuando decidió no renovarlo la junta militar que gobernó el país desde el derrocamiento de Hosni Mubarak (1981-2011) hasta la ascensión de Mursi al poder en junio del año pasado. El Gobierno también ha resuelto imponer el toque de queda por tiempo indefinido en 14 de las 27 provincias, entre ellas El Cairo y Giza.
El primer ministro Hazem el Beblaui aseguró que la decisión de decretar el estado de emergencia fue «muy difícil» de tomar, pero obligatoria ante la escalada de la violencia. «El Estado tiene que hacerse respetar y debe impedir que los derechos de los ciudadanos sean agredidos por otros», agregó el jefe de Gobierno.
Mientras, las fuerzas del orden consiguieron tomar el control de la plaza de Rabea al Adauiya, después de que lo hicieran por la mañana con la plaza de Al Nahda. Con la ayuda de excavadoras y vehículos blindados, la policía irrumpió en Rabea al Adauiya, donde destruyó las tiendas de campaña y el escenario montado en la plaza, además de detener a manifestantes en la zona.
Los graves incidentes ya han tenido consecuencias políticas, con la dimisión del vicepresidente de Relaciones Internacionales, Mohamed el Baradei. En una carta dirigida al presidente interino, Adli Mansur, El Baradei justificó su renuncia por no sentirse capaz de asumir la responsabilidad de decisiones con las que no está de acuerdo y de las que teme sus consecuencias.