Los nuevos gobiernos autonómicos tienen muy próxima la fecha de su “primer examen” ante el Ministerio de Hacienda. Será a finales de julio, cuando deberán presentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sus planes económicos financieros con medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de estabilidad ya aprobados. Cristóbal Montoro ha puntualizado que espera de ellos realismo.
Montoro ya les lanzó a los nuevos gestores el mensaje de que la herencia que van a recibir no es mala «en absoluto»; lo hizo dos días después de las elecciones autonómicas, y desde entonces, les ha recordado en varias ocasiones que deben cumplir la ley y seguir la senda de la reducción del déficit.
Las autonomías tienen marcados objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y si en 2014 incumplieron alguno de ellos, están obligadas a presentar un plan económico financiero (PEF). Los datos definitivos publicados en abril apuntan que todas las autonomías fallaron en alguno de los tres apartados salvo Galicia, Canarias y Navarra.
VIGILANCIA SOBRE C.VALENCIANA, ARAGÓN Y EXTREMADURA
Otro capítulo lo constituye el pago a los proveedores. Las administraciones públicas están obligadas a pagar sus facturas dentro del plazo legal de 60 días. La Comunitat Valenciana, junto a Aragón y Extremadura, ha incumplido esta obligación. Por tanto, tenemos activada una alerta y hay una especial vigilancia a nuestra Comunidad.
En última instancia, si no se soluciona, la ley dicta que el Estado pague directamente a los proveedores deduciendo el dinero de la financiación de la Comunidad Autónoma.
SIN NUEVA FINANCIACIÓN
El Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio será posiblemente el primer encuentro entre todos los responsables de Hacienda del país. Hasta las elecciones de mayo, y dejando al margen a Navarra y al País Vasco por su régimen foral, el ministro Cristóbal Montoro se encontraba con once consejeros del PP y cuatro de otro partido (Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña).
Ahora, la proporción es casi la contraria: cinco consejeros del PP y el resto, o socialistas o nacionalistas. En cualquier caso, el ministerio cuenta con el 51 por ciento de los votos, lo que asegura que se aprueben las medidas.
A lo largo de esta legislatura, en el seno del CPFF se creó un grupo de trabajo para revisar el actual sistema de financiación, analizar sus deficiencias y plantear las bases de la renovación, una reclamación casi unánime de las comunidades autónomas. Cristóbal Montoro aseguraba aún hace unos meses que confiaba en iniciar este debate nada más transcurridas las elecciones autonómicas, avanzar en lo posible para intentar una reforma cuanto antes.
Sin embargo, el pasado miércoles descartaba ya esta idea. Por un lado, por falta de tiempo, a lo que añadió que el momento político no es a su juicio propicio con una precampaña electoral por las generales a la vuelta del verano.
Preguntado por la posibilidad de que ese debate se abra en el CPFF de julio, Montoro respondió que la reunión servirá para una primera toma de contacto con los nuevos responsables autonómicos.