El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Presidencia, José Císcar, ha avanzado este miércoles que el Gobierno valenciano pondrá en marcha su portal de transparencia –con el nombre ‘GVA Oberta’_- «pronto», «mucho antes del plazo de dos años al que obliga la ley estatal«, que finalizará en diciembre de 2015.
Así lo ha anunciado el también portavoz del Consell en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts Valencianes, donde ha comparecido a petición del grupo parlamentario Compromís para explicar la aplicación de la Ley de Transparencia.
Císcar ha explicado que el Consell pondrá en marcha su propio portal de transparencia sin esperar a la ley autonómica, que se basará en tres ejes. El primero de ellos será ‘Participación ciudadana’, para que los ciudadanos de la Comunitat puedan formular propuestas o dar sus opiniones».
El segundo eje de este portal será el de ‘Transparencia’, y contendrá información sobre estructura organizativa, normativa, cargos, presupuestos o convenio. El último eje será ‘Open Data’, con cifras públicas. Paralelamente, ha explicado, el Consell está elaborando un anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
«NO PODEMOS CREAR UN FACEBOOK PÚBLICO»
El vicepresidente ha reconocido que existe «retraso» en la puesta en funcionamiento del portal de transparencia, lo que ha justificado por el hecho de que se trata de una plataforma «enormemente compleja y laboriosa». «No podemos caer en el error de una transparencia superficial», ha indicado Císcar, quien ha añadido que no pueden limitarse a hacer «una especie de Facebook público».
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha tildado de «insulto a la ciudadanía» que el PP diga que «la transparencia es una cuestión en la que hay que profundizar por parte de las administración públicas». En esta línea, ha señalado que el Gobierno Valenciano es un ejecutivo «archisentenciado por vulneración de derechos fundamentales de acceso a la información».
José Císcar, en su segunda intervención, ha señalado que hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que condenan a la Generalitat, pero ha defendido «la actuación del Consell y los razonamientos tomados con rigor técnico y con responsabilidad». Del mismo modo, ha destacado que cuando la Generalitat no comparte una resolución judicial «tiene todo el derecho del mundo de impugnarla».
«PONDERAR DERECHOS E INTERESES»
Asimismo, ha explicado que cuando los grupos de la oposición formulan una pregunta o realizan una solicitud de documentación, el Consell está «obligado a ponderar todos los derechos e intereses en juego». En primer lugar, el derecho de los parlamentarios, pero también otras como, en ocasiones, «la necesidad de preservar información para llevar a buen fin una licitación».
Además, ha añadido que existe «la necesidad de proteger intereses económicos y comerciales de terceros» o «el interés de proteger las actuaciones realizada en el marco de un sumario» y ha puesto como ejemplo «el informe sobre el fraude de las ayudas de cooperación».