El Partido Popular de la Provincia de Alicante ha aprobado este viernes en el congreso de Benidorm una batería de medidas para impulsar la regeneración democrática de las instituciones. Además, pretende incluir la obligación de incluir residentes extranjeros comunitarios en las localidades alicantinas que tengan más del 20% de población no española. Dicha medida se aprobará este sábado en la Ponencia de Regeneración Democrática presentada en la Convención por el presidente del PP de Alcoy, Rafael Miró.
Todas estas medidas sobre regeneración democráticas aprobadas en Alicante supondrán a buen seguro la base del programa electoral de los populares de la Comunidad Valenciana para afrontar las próximas elecciones 2015.
ALICANTE
Alicante es la tercera provincia de España en número de residentes extranjeros, por detrás de Madrid y Barcelona, pero la primera en relación a su población total, con un 24,01%. Un cifra muy por encima del 11,1% de Valencia, el 17,9% de Málaga, el 13,9% de Barcelona o el 14,8% de Madrid.
20 MUNICIPIOS CONCENTRAN EL 75% DE EXTRANJEROS
San Fulgencio es el municipio con más extranjeros empadronados en relación a la población total. 9.862 de los 12.688. Cerca se sitúa Rojales, también en la Vega Baja, con 16.551 de un total de 21.686 ciudadanos, Siguen municipios de la Marina Alta, Teulada-Moraira con el 65,1% de población extranjera y Calp con el 62%, Xàbia con el 54,4%, Torrevieja el 53,2%. Alicante y Elche mantienen porcentajes del 14,9% y del 11,7%, respectivamente, mientras que Benidorm tiene un 35,5% de foráneos y Dénia un 28%.
Por nacionalidades, de los 469.417 extranjeros, el 27,8% son ingleses (130.541); casi 100.000 más que la segunda nacionalidad más representada, la marroquí, con 36.692 súbditos empadronados (7,8%). Siguen alemanes (7,6%), rumanos (7,3%); holandeses (4,1%) y ecuatorianos con 15.150 ciudadanos (3,2%).
También se han aprobado otro tipo de medidas, como el compromiso de dimisión de los responsables públicos que sean imputados por un posible delito de corrupción durante la legislatura y no estará permitido a los cargos públicos el uso de tarjetas de crédito o débito con cargo al erario público.
Además, establece que los familiares en primer grado de consanguineidad no podrán formar parte de las listas, e insta al Comité Electoral a velar para que en todas las candidaturas de su competencia en municipios de más de 3.000 habitantes se incluya a jóvenes menores de 35 años –al menos uno en cada tramo de cinco–, y propone que los políticos queden fuera de las mesas de contratación.
Además, se anuncia la puesta en marcha de un contrato electoral consistente en una relación de compromisos previos firmados con la sociedad y se propone que los municipios de más de 2.000 habitantes se celebre con carácter anual un pleno sobre el estado del municipio.