El grupo popular rechazó ayer en Les Corts, gracias a su mayoría absoluta, pedir al Consell que pague las ayudas de la dependencia a los familiares de las personas que han fallecido antes de empezar a recibir la prestación. El PP adujo que hay sentencias contradictorias al respecto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que este jueves tiene prevista una reunión para unificar los criterios de las resoluciones que se adopten sobre estos casos.
Compromís presentó ante la Comisión de Política Social de Les Corts una iniciativa, que contó con el apoyo de EU y del PSPV, que instaba a la Conselleria de Bienestar Social a reconocer el derecho de los familiares de dependientes a cobrar la prestación aunque los beneficiarios de la ayuda hubiesen fallecido antes de poder percibirla. Según la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, unas 36.000 familias estarían en esta situación.
La propuesta de la coalición Compromís se sustenta sobre una sentencia de la Sección Cuarta del TSJCV, que hace unas semanas reconocía el derecho de cobro de la prestación a los herederos de una dependiente que falleció sin cobrar la ayuda. También apelaba a la propia Ley de la Dependencia, que establece que el derecho de las ayudas se genera a partir del día siguiente de la solicitud de las mismas, aunque la resolución del certificado se prolongue durante meses. A veces, incluso años.
Esta sentencia va, además, en la misma línea que ya apuntaran otros órganos judiciales como el TSJ de Andalucía y el de Madrid, e incluso el Defensor del Pueblo, que insta a las personas dependientes y sus familiares a recurrir los retrasos o la negación de las ayudas.
La diputada de Compromís Mireia Mollà acusó a la Generalitat de utilizar la demora en el reconocimiento y el pago de las ayudas a la dependencia para «no asumir sus responsabilidades». La dejadez del Gobierno valenciano, dijo, «no puede recaer sobre las espaldas de los muertos«.
Por su parte la diputada del PP María José García Herrero replicó que, antes de esta última sentencia del TSJCV, existe otra de la Sección Quinta del mismo tribunal que defiende que el fallecimiento de la persona dependiente es motivo de archivo de su expediente. Ante esta disparidad de pareceres, el alto tribunal valenciano tiene previsto reunirse este jueves para unificar criterios en este tipo de casos. Por eso, la parlamentaria popular instó a esperar un pronunciamiento claro de los tribunales antes de tomar la decisión de pagar las prestaciones atrasadas.
El debate fue seguido por la dependiente Elvira Murcia, quien a la salida de la comisión mostró su enfado con la postura del grupo popular. En la Comunidad Valenciana existen todavía cerca de 13.000 solicitudes sin resolver, y los retrasos en los pagos son habituales, según las personas afectadas.