Las reacciones políticas a la nueva imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa no se han hecho esperar. Todos los grupos políticos sin excepción han solicitado la dimisión de la primera edil y alguno, como el PSPV, se plantea incluso pedir prisión provisional para Castedo. EUPV consideraría una «vergüenza» que la alcaldesa no dimitiera de forma inmediata, mientras UPyD pide su salida inmediata del equipo de gobierno municipal «por coherencia democrática».
El secretario general del Partido Socialista alicantino, Gabriel Echávarri, le he pedido esta misma mañana a los abogados de su partido que estudien la posibilidad de pedir prisión provisional para la primera edil, también imputada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Según el dirigente socialista, «creemos que concurren los requisitos» para que la alcaldesa espere en prisión a declarar como imputada el próximo 27 de noviembre, ya que se dan dos de las condiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por un lado, «riesgo de que se destruyan pruebas», ya que el secretario general del PSPV ha sostenido que «la alcaldesa lo sigue siendo, sigue dando órdenes directas a los funcionarios y sigue teniendo acceso directo a cada uno de los expedientes» bajo investigación, por lo que «está en posición de destruir pruebas si quiere».
En segundo lugar, Echávarri ha indicado que el otro requisito es el de «alarma social». «Cuando el CIS dice que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción, es que todo caso de corrupción genera alarma social», ha asegurado. Según el dirigente local del PSPV, Castedo «cumple de forma estricta» ambas condiciones. «Con que concurra uno de los requisitos bastaría su ingreso en prisión», ha matizado.
PETICIÓN DE EXPULSIÓN A RAJOY
Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que expulse a Sonia Castedo del Partido Popula». «Si la expulsa pasaría al grupo de los No Adscritos» en la corporación municipal, «y por tanto la mayoría podría elegir» otro alcalde, ha afirmado. «A Rajoy se le llena la boca en Madrid de hablar de regeneración democrática, de decir que son intolerantes contra la corrupción, y mantienen en Alicante a una persona que está imputada ya en dos causas y por cinco delitos graves», ha apuntado Echávarri.
En este sentido, ha criticado que la «línea roja» del ‘president’ de la Generalitat, Alberto Fabra, «no cuenta en Alicante», por lo que no van a demandar al jefe del Consell «que expulse a Castedo del PP o la quite de alcaldesa». El dirigente socialista también ha indicado que «no vamos a pedirle –a Castedo– que dimita, porque no lo va a hacer, le importa muy poco la imagen de Alicante». Echávarri ha dicho que su partido tampoco va a solicitar al grupo popular en el Ayuntamiento «que se aclaren entre ellos y la sustituyan, porque no lo van a hacer». «Han tenido mil oportunidades de hacerlo», tanto con Castedo como con Andrés Llorens, ha sostenido Echávarri.
A preguntas de los periodistas, ha defendido que su formación se posiciona contra la corrupción «caiga quien caiga», en referencia a miembros de su partido que podrían verse involucrados en el proceso judicial. «A mí me repugna la corrupción de mi partido», ha mantenido Echávarri, y ha añadido que «seremos los más duros con la gente de nuestro partido».
De esta manera, el secretario general ha reconocido el «error» del voto inicial a favor del plan Rabasa en un pleno en la legislatura 2003-2007, aunque ha incidido en que «se varió el criterio» posteriormente y «ya no se aprobó». «Nosotros lo llevamos al TSJ y lo declaramos nulo», ha sostenido. «Entiendo que todos los concejales que votaron ese día no conocían que detrás había delito», ha afirmado Echávarri, aunque ha exceptuado en esta cuestión a Sonia Castedo, por entonces edil de Urbanismo.
«VERGÜENZA» PARA EU
El portavoz y concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha manifestado que si la alcaldesa, Sonia Castedo, no dimite sería «una nueva vergüenza» para la ciudad. Pavón, en declaraciones a Europa Press, ha exigido la dimisión de la primera edil del consistorio alicantino, también imputada por la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. «Tiene que dimitir ya, debería convocar de inmediato una rueda de prensa para anunciar su dimisión irrevocable», ha aseverado el portavoz de EU. «La situación ya no es que sea insostenible, es que se ha desbordado de tal manera que creemos que no le queda otra», ha asegurado,
Asimismo, Pavón considera que el Partido Popular «a nivel estatal» debería exigir la dimisión «públicamente», porque «la situación se está pudriendo cada vez más, y está afectando al funcionamiento del Ayuntamiento». En este sentido, Pavón ha denunciado que el consistorio alicantino acusa «parálisis» y «falta de gestión».
«La que tiene encima es tremenda», ha aseverado Pavón, que ha agregado que la alcaldesa «ya sabe que políticamente está amortizada, si quiere prolongar su agonía, allá ella». Miguel Ángel Pavón se ha mostrado satisfecho por la decisión del juez de llamar a declarar como imputada a Sonia Castedo, y también a Enrique Ortiz, a los cargos del ministerio de Fomento Emilio Peiró y Francisco Javier Criado, así como a los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, Enrique Sanus e Isabel Campos, de quienes ha considerado que «deberían apartarlos de sus funciones» en esa área municipal.
Sin embargo, el regidor ha recordado que, su formación, como denunciante, «dirigíamos la denuncia a dos personas más», el exalcalde Luis Díaz Alperi y María Ángeles Ureña, ex secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y actualmente presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Así, Pavón ha anunciado que van a seguir pidiendo la imputación de estas dos personas, por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. El edil de EU ha resaltado que «no hubiera pasado nada de esto si nosotros no hubiéramos llevado adelante esta denuncia» y ha recordado que «el Partido Socialista no presentó ninguna denuncia, se personó, probablemente por saber qué se cuece y se les puede o no salpicar» la investigación.
UPYD PIDE COHERENCIA
El portavoz y concejal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis, ha señalado que Sonia Castedo debería dimitir «por coherencia con las ideas que defienden y su concepción de la vida democrática y la transparencia». Llopis ha dicho que el PP «debe actuar y dar una solución» porque «no se puede permitir que el PP condene a la ciudad de Alicante, estos próximos nueve meses, a estar sumidos en el caos».
UPyD entiende que «lo mejor para la institución, y para el municipio de Alicante es que dimita de su cargo, si no es así el PP debería tomar acciones y nombrar cuanto antes una persona para ejercer el máximo cargo de representación y gestión del Ayuntamiento de Alicante».
El portavoz de la formación magenta ha destacado que «esta situación insostenible y afecta a Alicante negativamente» y supone una «parálisis» para la ciudad».
En este sentido, ha recordado que el Plan Rabassa «fue aprobado por PSOE y PP en en el año 2005» y «es triste recordar ese acto en el que se aprobaba ese Plan por los dos grandes partidos y acto seguido acordaban subidas de sueldo para los concejales». «Es acto del pasado, pero algunos de los actores principales siguen en política activa», ha agregado.