Semana clave para el desenlace judicial del caso Gürtel. El Tribunal Supremo ha fijado para este miércoles la deliberación y el fallo sobre el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de declararse no competente para celebrar juicio contra los contratos de Fitur con la trama Gürtel, según informaron fuentes del alto tribunal.
Los procesados están imputados por los contratos relativos a Fitur entre los años 2005 y 2009 realizados por la Agencia Valenciana de Turismo, por la Orange Market y otras sociedades vinculadas, que eran las encargadas de organizar y realizar la mayor parte de los actos del PPCV.
El Ministerio Público presentó el pasado abril un recurso después de que el TSJCV dejara el caso en manos de la Audiencia Provincial al considerar que la renuncia a sus escaños en las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.
La Fiscalía recurrió al entender que dicha resolución no era ajustada a derecho y anunció un recurso por infracción de precepto legal y constitucional. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró incompetente para enjuiciar la pieza de Gürtel relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur.
Otras once personas están procesadas en el tema relacionado con Fitur, entre ellas los presuntos cabecillas de la trama: Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa. El PSPV solicita para ellos penas entre seis y 11 años de prisión, inhabilitación de hasta 37 años y multas de hasta casi ocho millones de euros.
Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such –quien dejó su acta de diputada ‘popular’ hace aproximadamente un mes– requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El PSPV, que ejerce de acusación popular en el ‘caso Gürtel’, varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.
A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market –y otras sociedades vinculadas–, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.
Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.