El Tribunal Supremo (TS) comienza a revisar este miércoles en vista pública recursos interpuestos por acusaciones y defensas contra la condena impuesta al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado popular en las Corts Rafael Blasco y otras ocho personas más dentro de la pieza 1 del caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. El exdirigente político ha solicitado en su recurso que se anule la condena de ocho años de cárcel porque defiende que es inocente.
El pasado año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó a Blasco a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en estos proyectos de cooperación y evitar que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.
Los recursos contra esta sentencia han sido presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat Valenciana y los condenados por el TSJCV en este mismo procedimiento, han informado fuentes del Supremo, que no descartan que la vista pueda prolongarse también al jueves.
La sentencia recurrida también impuso al empresario Augusto César Tauroni una pena de ocho años de prisión; a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán una pena de siete años, seis meses y un día de cárcel; para el exsubsecretario Alexandre Català otros cuatro años, seis meses y un día de cárcel; al igual que para el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.
Además, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, fue de tres años de cárcel; para el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, cuatro años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le impusieron siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Frente a estas condenas, interpusieron recursos ante el TS todas las partes -acusaciones y defensas-. En concreto, Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat solicitaron que se elevaran las penas de algunos condenados y que se tuvieran en cuenta todos los delitos de los que se acusaba a los condenados.
RECURSOS DE LAS ACUSACIONES
Estas dos acusaciones pretenden que el TS tenga en cuenta el delito de malversación por los tres pequeños proyectos del ‘caso Cooperación’, al entender que éste se cometió durante el desarrollo de los mismos. Si se estimara este extremo, se agravarían las penas para algunos condenados que participaron en la tramitación y justificación de estos expedientes.
Del otro lado, también presentaron recurso ante el Supremo los nueve condenados. En concreto, Rafael Blasco requirió que se anulase su condena -siempre ha afirmado que no cometió ninguna irregularidad y que es inocente- y que se expulsara al Consell de la causa.
EL CASO COOPERACIÓN
El ‘caso Cooperación’ consta de tres piezas. Los hechos tuvieron su origen la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en Nicaragua que convocó Blasco en marzo de 2008, y a las que concurrió la Fundación Cyes por medio de Tauroni. En total, por dos proyectos, la Generalitat otorgó a esta entidad 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento, puesto que el resto se destinó a un «beneficio propio», a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia, según se exponía en la sentencia condenatoria.
Y esto fue posible tras «maniobrarlo» Blasco y Tauroni. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste «bien determinado», por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconsejero y sus colaboradores.
Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices «en atención a su autoridad» y ante el «temor» de que pudiera prescindir de sus servicios.