El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de nueve días para que se personen en este procedimiento la Abogacía de la Generalitat y el Ministerio Fiscal -partes personadas en el proceso penal que se sigue en los tribunales- así como las personas que tendrían que hacer frente a la responsabilidad económica si así se determina.
De esta forma, se ha emplazado también para su personación al exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco; al ex director general de Cooperación Josep Maria Felip, y al exsubsecretario de Cooperación Alexandre Catalá.
Por parte de la Fundación Cultural y de estudios Sociales (CYES), que recibió 1,8 millones de euros de la Generalitat para proyectos en Nicaragua, donde solo llegó el 3 %, se ha emplazado al que fuera su presidente, Marcial López, y al representante legal de esa empresa, que no tiene relación con la constructora del mismo nombre.
El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha adelantado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que la Abogacía de la Generalitat se va a personar por esa vía y va a exigir responsabilidad civil a las personas que corresponda si finalmente se acredita una responsabilidad contable.
Císcar ha recordado que el Tribunal de Cunetas tiene competencias para abrir un expedientes en los casos donde puede existir una responsabilidad de tipo contable «por posibles, o presuntas o supuestas actuaciones ilegales».
Un edicto del Tribunal de Cuentas que publica hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana informa de que se sigue un procedimiento de reintegro por alcance a la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía «como consecuencia de un presunto alcance en los fondos de la Generalitat».
El procedimiento por alcance, según la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, es uno de los tres procedimientos contables que puede seguir esta institución, y que junto con el juicio de cuentas tiene carácter contencioso.
Se entiende por alcance, según la ley del Tribunal de Cuentas, «el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos».
Por otra parte, preguntado por las declaraciones del expresident de la Generalitat Francisco Camps en las que afirmaba que es imposible que en la Generalitat ocurran cosas como las denunciadas en el caso Nóos, ha indicado que si se ha cometido alguna irregularidad que tenga relevancia penal, los tribunales lo dirán.
Ha defendido que el convenio que suscribió la Generalitat con el Instituto Nóos «administrativamente es correcto» y tiene un informe de la Abogacía de la Generalitat, gracias a lo cual ha habido un auto de no imputación de Camps ni de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Hay que recordar que a principios de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) acordó la apertura de juicio oral por el ‘caso Cooperación’ contra el exconseller Rafael Blasco y otras ocho personas. La jueza María Pía Calderón abre juicio en la pieza primera de la investigación sobre el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional.
Esta pieza investiga los presuntos delitos cometidos en la concesión en 2008 de subvenciones por la Generalitat a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), por 1,8 millones de euros, y cuenta con nueve procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, actual diputado no adscrito en Les Corts Valencianes.
La causa investiga delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la concesión a Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) de 1,8 millones para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco; la Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller, y el PSPV-PSOE 15 años de prisión y 42 de inhabilitación. Los procesados en esta pieza son, además de Blasco, cinco funcionarios de su Conselleria y tres responsables de empresas, entre ellos Marcial López, presidente de Cyes, y Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión.