Acto en la sede de Compromís

El Tribunal de Cuentas aprueba la financiación electoral de Compromís

El informe presentado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la contabilidad de las elecciones municipales de 2015 establece que la financiación electoral de Compromís es «completamente legal» y que «no se ha modificado la subvención electoral» que corresponde a la formación política valenciana, aseguran desde la agrupación.

La decisión por parte de la Comisión Ejecutiva Nacional de Compromís de no pedir préstamos a los bancos para financiar la campaña electoral, y poder mantener siempre una plena independencia política de los poderes financieros, hizo que la formación tuviera que pagar de sus propios recursos todas las gastos de la campaña municipal, provocando un retraso en el pago de las facturas a proveedores de más de 90 días desde las elecciones municipales (fecha del cierre de la contabilidad). Unas deudas que, finalmente, liquidaron a principios de 2016, indican. No obstante, todas las cuentas están publicadas en la sección de transparencia de la página web de Compromís y son accesibles a cualquier usuario, recuerdan desde el partido.

Además, insisten en que, al contrario de lo que aseguran desde el Partido Popular, la coalición no tiene ninguna deuda con respecto a la campaña electoral municipal de 2015, y todas sus fuentes de financiación son legales y cumplen rigurosamente con lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. «Una situación que no comparte el PP, una formación que está siendo investigada por los tribunales por financiación ilegal, y que se ha convertido en la primera formación política imputada en la historia de la democracia española», han recordado desde Compromís.

Precisamente, ha sido el PP quien anunció que denunciaría ante el Tribunal de Cuentas la financiación de Compromís y su intención de crear en Les Corts una comisión de investigación sobre este asunto. Así lo dijo el portavoz de Economía del Grupo Popular en las Corts, Rubén Ibáñez, tras recordar que el Tribunal de Cuentas había advertido de 1,6 millones de euros sin justificar entre 2007 y 2015 por parte de Compromís.

 

 

 

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