La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha suspendido provisionalmente el juicio por la pieza 3 del ‘caso Gürtel’, en la que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, hasta resolver sobre la competencia tras dejar su escaño la exdiputada y exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez.
La sala ha acordado esta medida provisional ante la proximidad del inicio de la fecha de juicio por esta pieza, que estaba señalado para el próximo lunes, 31 de marzo. Con ello, no anticipa posición alguna, y tiene hasta el jueves para recibir las alegaciones de las partes ante la situación creada tras la dimisión el pasado viernes de Milagrosa Martínez, quien ostentaba la condición de aforada.
Tras estudiar las argumentaciones jurídicas que se planteen por las diferentes partes, la sala deberá resolver qué entiende que procede hacer respecto al juicio y quién es el tribunal competente para juzgarlo. Una de las posibilidades es la remisión de esta parte de la causa a la Audiencia Nacional, que fue el órgano que en su día la envió al TSJCV ante la implicación de aforados, en ese momento Milagrosa Martínez y la que también fuera exconsellera Angélica Such, que ya renunció en su día al escaño. No obstante, también podría remitirse a la Audiencia Provincial.
En esta pieza, junto a Martínez y Such, también están procesadas otras 11 personas: Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa -considerados presuntos cabecillas de la trama-; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.
Para Milagrosa Martínez, también alcaldesa de Novelda, Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito de cohecho.