El Gobierno español ha reclamado al Tribunal General de la UE que anule la investigación formal iniciada por la Comisión Europea el pasado mes de julio sobre una posible manipulación de las cifras de déficit por parte de la Comunitat Valenciana.
La defensa presentada por el ejecutivo se basa en un recurso, que se presentó el 22 de septiembre, donde se acusa al Ejecutivo comunitario realizar «una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España». Las autoridades españolas sostienen igualmente que «no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda».
Asimismo, el Gobierno sostiene que la investigación vulnera los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas, ya que se basa en unos poderes que le fueron concedidos en diciembre de 2011. «El periodo objeto de investigación debería limitarse a los datos comprendidos en las notificaciones a partir de 2012», señala el recurso.
En esta ocasión, el Gobierno de España no ha esperado a que la investigación concluya y recurrir la resolución, como ocurre en la mayoría de los casos, sino que ha pedido al Tribunal General que detenga la investihación. Si se confirman las sospechas de que la Comunitat Valenciana manipuló los datos de su déficit, la UE podría imponer a España una multa de hasta el 0,2 por ciento del PIB, cerca de unos unos 2.000 millones de euros.
La investigación de la Comisión sobre la Comunitat cubre el periodo comprendido entre 1988 y 2011. Bruselas quiere determinar si «por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta comunidad autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años» y averiguar quienes fueron los responsables. Las pesquisas se concentran en los gastos sanitarios no reconocidos –las denominadas facturas en los cajones–.
Fue durante el mes de mayo del 2012 cuando salió a la luz la posible manipulación de las estadísticas en la Comunitat Valenciana, en plena crisis de deud. En este momento, España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4 por ciento del PIB respecto a la cifra notificada a efectos del procedimiento de déficit excesivo unas semanas antes.
Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunitat Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada.
El Ejecutivo comunitario dispone de un plazo de 10 meses para concluir su investigación si el TJUE no la paraliza antes como pide España.