Un total de 32 familias ya se han beneficiado del convenio de colaboración firmado entre Bankia y la Generalitat, gracias al cual se les ha hecho entrega de una vivienda de alquiler social tras haber sufrido un proceso de ejecución hipotecaria.
El convenio se firmó a través del Instituto Valenciano de la Viviendas (IVVSA), ahora desaparecido y cuya actividad asume y desarrolla ahora la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).
El convenio pretende crear un fondo de viviendas en alquiler social que ayude a promover el acceso a la vivienda a las familias que hayan perdido o estén en riesgo de perder su vivienda habitual por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria u otras circunstancias excepcionales derivadas de la crisis económica.
Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente han indicado a EFE que para facilitar aún más el acceso a este alquiler social, el pasado junio se firmó una adenda al convenio mediante la cual Bankia ponía a disposición de este programa un importe de 200.000 euros para bonificar las rentas de los alquileres de las familias con menores ingresos.
Mediante este acuerdo, Bankia aporta un fondo de 391 viviendas para destinarlas al alquiler social y ser incorporadas a la bolsa de viviendas de EIGE, y cuyos alquileres no superan los 200 euros mensuales.
Estas viviendas deben reunir los requisitos básicos de habitabilidad y es Bankia quien se encarga de rehabilitarlas en los casos en que sea necesario.
La labor de la EIGE se centra en realizar todas las labores de mediación como atención a las familias, búsqueda de vivienda adecuada de las del fondo aportado o valoración de las circunstancias y preparación del contrato de alquiler social.
Para ello se ha creado una bolsa de solicitantes, clientes de la entidad bancaria, que hayan perdido su vivienda habitual o estén en riesgo de perderla, como consecuencia del impago de hipoteca con dicha entidad desde el 1 de octubre 2008.
De las 32 viviendas ya entregadas, dieciocho están en la provincia de Valencia, siete en la de Castellón y otras siete en la de Alicante.
De las 32 viviendas, nueve contratos de alquiler se han podido realizar en los inmuebles propios de las familias, por lo tanto, estas familias no han tenido que abandonar su hogar.
Otras veinte procedían de viviendas del fondo social de Bankia y las tres restantes proceden del centro de gestión de Vivienda Pública de la Generalitat en el municipio que solicitaban la casa, ya que Bankia no disponía de viviendas en dicha localidad.
Las familias beneficiarias deberán cumplir el requisito de haber perdido o estar en riesgo de perderla por no poder hacer frente al pago de la hipoteca y estar inscritas en el Registro de Demandantes del EIGE.
Hasta el momento, el número de solicitudes para acogerse al convenio de Bankia asciende a 181, de las que 111 están tramitadas y las 70 restantes en proceso de tramitación, a falta de documentación.
Además, Bankia prepara entre 20 y 25 viviendas más para entregar próximamente gracias a este convenio.
Este convenio, firmado en diciembre de 2012, convirtió a la Comunitat Valenciana en la primera autonomía que firmaba un acuerdo de estas características con una entidad bancaria.
Con la firma de este acuerdo, se abrió una nueva línea de actuación del Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social, impulsado por el Consell que, desde su puesta en marcha, ya ha permitido entregar un total de 226 viviendas en toda la Comunitat.
De ellas 66 eran familias que habían perdido su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria y 32, la beneficiarias del convenio con Bankia.