Entrevista #enclauvalenciana: Enric Bataller denuncia una cruzada para recentralizar el Estado. El debate sobre el derecho civil valenciano está de nuevo en la palestra. A pesar de las diferentes voces que hablaban de unión de los parlamentarios valencianos en Madrid de cara a reivindicar lo que es justo, nos encontramos ante una situación de incertidumbre, tras los recursos planteados al Tribunal Consitucional, y sin posibilidad de debate político en la cámara baja. Muchas son las voces que reclaman respeto por el pueblo valenciano, entendido como la conjunción de ciudadanos castellonenses, alicantinos y valencianos; así como más fuerza y valentía de los representantes valencianos en las cámaras nacionales. Entre otras medidas urgentes se requiere la retirada de los recursos de inconstitucionalidad, de los cuales se conocerá su sentencia, se espera, tras el próximo Pleno del TC, a principios del mes de mayo.
Uno de esos nombres es Enric Bataller, diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados. Ángel Serrano, jefe de redacción de Valencia News, tuvo la oportunidad de entrevistarlo en la tarde de ayer. Aquí la entrevista íntegra:
P. Bienvenido, señor Bataller
R. Buenas tardes, Ángel, encantado de estar nuevamente con vosotros.
P. ¿Cuál cree que es el problema que tienen los partidos de corte nacional con el derecho civil valenciano?
R. Mucha gente no sabe que el derecho civil propio no es un privilegio, sino la mejor manera de regular directamente los asuntos que nos afectan en la vida cotidiana. La Constitución Española es consciente de esto, y permite que los parlamentos de las comunidades autónomas hagan esta regulación desde su conocimiento y proximidad a la realidad socioeconómica de cada espacio, respetando siempre la unidad de mercado y la igualdad de todos en su situación jurídica básica.
No olvidemos que cuando hablamos de derecho civil propio, hablamos de las relaciones personales y patrimoniales, entre personas.
Desgraciadamente, la mayoría de partidos estatales aún está anclada en una visión centralista que desconfía del potencial de los territorios, quizá porque entienden las relaciones políticas en términos de fuerza y dominación. Compromís en cambio apuesta por una legislación de proximidad, amable y abierta a las necesidades reales y concretas de nuestra sociedad.
P. La obsesión judicializadora del Ejecutivo de Mariano Rajoy por recurrir ante los tribunales las decisiones y reivindicaciones de los parlamentos autonómicos electos el pasado mes de mayo: ¿A qué tipo de lógica considera que responde? ¿Cree que tiene miedo el señor Rajoy a tener que aceptar cuestiones consensuadas en las autonomías no previstas en su hoja de ruta?
R. El Partido Popular ha empleado la palabra «gobernar» en su peor sentido, como equivalente a contener o refrenar a la gente. La derecha tiene miedo a las posibilidades de la sociedad abierta y plural. En materia de financiación, el ministro Montoro echa la culpa a las comunidades autónomas ante la Comisión Europea como responsables últimas del déficit de todo el Estado, cuando lo cierto es que las autonomías son las que están haciendo el mayor esfuerzo en los recortes y ello a pesar de que asumen el 72% del gasto público global en sanidad, educación y asistencia social.
Por otro lado, el señor Rajoy coordina la cruzada de la derecha en favor de la recentralización del Estado, sobre todo ahora que ya no controla territorios tan importantes como el valenciano, donde por fin nos hemos plantado en defensa del Estado de Bienestar y de la cohesión social. La actuación del PP en la legislatura 2011-2015 ha estado bien clara: restringir.
Con la excusa de la crisis, para la que no tienen receta, se han dedicado a restringir derechos individuales (véanse la «Ley Mordaza» y la LOMCE), a restringir derechos sociales (véanse la reforma laboral, el «impuesto al sol» y las posiciones de privilegio aseguradas a las grandes empresas de la energía y la comunicación), y a restringir derechos territoriales (véase la «Ley Montoro», que recorta poderosamente la autonomía municipal). Hoy España es más desigual que en 2011, pero eso a Rajoy no parece importarle mucho.
P. El senador socialista y expresidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, admitió en 2011, en el famoso examen de valencianía, su obligación de defender los intereses del PSOE, en su conjunto, por encima de las reivindicaciones e intereses territoriales: ¿Tienen un problema los representantes políticos de nuestras tres circunscripciones al estar maniatados por sus ejecutivas nacionales?
R. La adscripción ideológica a un partido de ámbito estatal no debería impedir a nadie entender y practicar la política desde la realidad inmediata en la que vive. La sociedad valenciana es plural en sí misma, pero también presenta problemas propios que necesitan ser consensuados entre todos los partidos, por ejemplo en materia de financiación, inversiones e infraestructuras. Es triste que en Madrid aún existan partidos cuyas cúpulas no comprendan el Estado de las Autonomías, y cuyos representantes valencianos sean incapaces de hacerles asumir nuestra situación y necesidades reales.
P. ¿Considera que habrá posibilidad de debatir en el Congreso de los Diputados la cuestión del derecho civil valenciano antes de que el Tribunal Constitucional dicte las sentencias de los recursos del Gobierno central?
R. Está muy complicado porque el Partido Popular, por medio de su diputado y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, acaba de desestimar la (pronta) celebración de una sesión en la que podría haberse debatido la Proposición No de Ley que presenté allí para que los diputados reclamásemos al gobierno de España la retirada de los tres recursos actualmente pendientes ante el Tribunal Constitucional contra otras tantas leyes de derecho civil valenciano.
Es esencial para nuestro autogobierno que el Estado central asuma, de una vez por todas, que somos competentes en esta materia y, por tanto, no ha de haber lugar a la constante deslealtad que supone recurrir sistemáticamente todas nuestras leyes civiles, tanto si gobierna en Madrid el PP como el PSOE. Aunque, por supuesto, desde Compromís nos dejaremos de utilizar todos los resortes posibles para que este problema llegue a solucionarse.
P. ¿Cree que esta actitud de los representantes valencianos en Madrid de partidos con estructura nacional responde a la incertidumbre del proceso de pactos de Gobierno? ¿Qué influencia cree que tiene en esta cuestión del derecho civil valenciano tener la vista puesta en unos hipotéticos comicios anticipados?
R. Creo que, simplemente, ni PP ni PSOE representan ningún Poder Valenciano en Madrid, ni tienen ningún interés real en solucionar por la vía de la presión política un asunto que únicamente ha preocupado en serio a Compromís, y me remito a la lectura de los programas electorales de cada uno de estos partidos.