Esquerra Unida ha tildado de «vergonzoso» el informe de la Dirección General de Comercio sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la implantación un macrocentro comercial junto a la multinacional del mueble Ikea, en el barrio alicantino de Rabassa, porque no analiza el efecto que tendría sobre el pequeño comercio y el empleo que genera en la ciudad de Alicante.
El portavoz del grupo municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, y la diputada de EU por Alicante en las Cortes Valencianas, Esther López Barceló, han apuntado que la ATE de IKEA ha sido planteada por la mercantil ‘Alicante Avanza’ «participada por el presunto corruptor del caso Brugal, Enrique Ortiz».
«El informe no hace referencia alguna en sus seis páginas al impacto de la macrosuperficie comercial prevista –sólo el centro cívico terciario comercial propuesto tendría una edificabilidad de 125.000 m2 construidos–, sobre la actividad y el empleo vinculados al pequeño comercio de la ciudad y su área metropolitana», han concretado y se han sorprendido de que «parece que para la Dirección General de Comercio no exista el pequeño comercio».
Han remarcado que «de implantarse el macrocentro que acompaña a la tienda de IKEA –el pequeño comercio–, sufriría una nueva debacle que conllevaría la pérdida de miles de puestos de trabajo. Los redactores del informe asumen sin más las irreales cifras que Alicante Avanza asocia a su proyecto en materia de creación de empleo, casi 9.000 puestos de trabajo directos, sin hacer el más mínimo balance con los puestos de trabajo que sin duda se destruirían en el pequeño comercio de Alicante y su área metropolitana. Es un escándalo», han señalado la diputada y el concejal.
«Además en el informe se pretende eximir a Alicante Avanza de cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la ley valenciana de comercio, que exige una autorización autonómica para los establecimientos comerciales que puedan generar un impacto sobre el medio ambiente, el territorio y/o el patrimonio, una autorización que es preceptiva para todos los establecimientos con una superficie comercial mayor a 2.500 m2, en todos los casos, sin que sea posible aplicar excepciones que comercio sí contempla en su informe en el caso de que el Consell apruebe la ATE», han recordado.
Pavón y López han concretado que «sólo el centro cívico propuesto supone 125.000 m2 construidos, 50 veces el límite de 2.500 m2, y las afecciones sobre el territorio y la movilidad del área metropolitana de Alicante, así como sobre el espacio natural de las Lagunas de Rabassa, son más que evidentes. En definitiva, se pretende hacer un traje a la medida de los intereses especulativos de Enrique Ortiz».
Por último, la diputada autonómica ha anunciado que dirigirá dos preguntas a los responsables de las consellerias de Infraestructuras, Isabel Bonig, y de Economía y Empleo, Máximo Buch, en las que «además de pedir cuentas sobre el vergonzoso informe de la dirección general de comercio», preguntará por los motivos por los que «aún no se ha aprobado la ATE pese a que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante anunció que esperaba su aprobación a lo largo del pasado mes de abril».
Así ha reclamado que «si no piensan aprobarla que se desmarquen cuanto antes y que lo digan ya para la tranquilidad del pequeño comercio y de los ciudadanos de Alicante y su área metropolitana, que estamos más que hartos de que el urbanismo y la estructura comercial de nuestro territorio se definan a golpe de pelotazo del señor Ortiz. Unos pelotazos que la justicia está investigando, incluido, gracias a la denuncia que EU presentó en octubre de 2012 ante los juzgados de Alicante, el presunto amaño del Plan Rabassa y de la llegada de IKEA a los terrenos de Rabassa. Sólo por esa investigación judicial el Consell debería dejar en suspenso la aprobación de la ATE a la espera de lo que pueda deparar el desarrollo de la investigación».