El portavoz del grupo de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, ha criticado que el PP «dilapidó» en 2010 y 2011 más de 1,67 millones de euros del presupuesto de Aumsa, el 30% del total, en comprar viviendas para derribarlas posteriormente, lo que supone «la evidencia más clara del despilfarro de dinero público que ha supuesto la política urbanística del PP en este barrio».
Sanchis se ha manifestado así, en un comunicado, tras conocer que la Junta de Gobierno Local aprobó el 28 de marzo la justificación de dichos gastos derivados de la gestión del planeamiento del Cabanyal-Canyamelar. En este expediente, según el edil, se recogen una serie de facturas de Aumsa, así como otros documentos correspondientes a gastos de gestión y diversos trabajos como resto de la justificación de los anticipos de un total de 6 millones transferidos a la sociedad en 2010 y 2011.
Así, ha explicado que «casi un 30% de las aportaciones realizadas a Aumsa en dos años se han dilapidado precisamente en el momento en el que más familias han visto cómo perdían sus casas fruto de las ejecuciones hipotecarias de los bancos» y en un momento en que lo más importante, a su juicio, habría sido cumplir «con la verdadera función social» de la empresa, que «se ha visto liquidada en la práctica con el presupuesto de poco más de un millón de euros que se le ha otorgado en 2014».
Para Sanchis, estas cifras demuestran que el Consistorio «sí que tiene recursos, incluso en los años más duros de la crisis, para destinarlos allí donde más necesidad hay, aunque desgraciadamente las preferencias del PP no han pasado por garantizar el derecho constitucional a la vivienda, sino por comprar casas para almacenarlas y derribarlas posteriormente, cosa que, afortunadamente, ya no va a suceder más».
Al respecto, ha criticado que el equipo de Gobierno siga «aplicando esta política de destrucción del barrio a pesar de encontrarse anulado por ley el PEPRI y, en consecuencia, incumpliendo incluso lo acordado en la Comisión bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat» el pasado mes de noviembre.
En virtud de ese acuerdo, el Consell se comprometió a presentar en las Cortes en el plazo de tres meses un proyecto de ley de derogación de la ley 2/2010, de 31 de marzo de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, y ambas partes se comprometían a estudiar con el Ayuntamiento las fórmulas que permitan promover una adaptación del PEPRI que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del Cabanyal, según una respuesta del Gobierno a IU.
«A día de hoy seguimos esperando que el PP adapte el Plan del Cabanyal mientras somos conocedores que lo único que han hecho los populares ha sido dilapidar el dinero público en casas, muchas de ellas ya derribadas», ha lamentado el edil, quien ha añadido que, por ello, propondrán en la próxima reunión de dicha comisión bilateral que se acuerde que las casas que ya han sido compradas por Aumsa sean puestas «inmediatamente a disposición de aquellas familias que han sido desahuciadas por los bancos y han perdido sus hogares» y «pasen a formar parte del conjunto de inmuebles que puedan ser rehabilitados en el marco de la recuperación de este barrio».