El Gobierno es consciente de que la Comunidad Valenciana y otras están resultando claramente perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica, que no les nutre con la cantidad de dinero necesaria para garantizar los servicios esenciales a los ciudadanos, y que el PP se comprometió a cambiar en esta legislatura.
Es decir: el Estado da a la autonomía valenciana las competencias en sanidad, educación y servicios sociales, pero no el dinero suficiente para pagarlas. Y ahí te las apañes. Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, lo hubiera resuelto diciéndole al Gobierno que si no hay más dinero “aquí tienes las llaves del castillo que yo me voy»
Por eso la Generalitat incurre en el déficit que el extremeño Monago nos afea (él está sobrefinanciado) y se tiene que endeudar precisamente con el Estado que le infrafinancia porque en los mercados no se fían.
¿Cómo salir de este perverso círculo vicioso? Cambiando el sistema de financiación autonómico.
¿Y por qué no hacerlo ya? Porque el Estado está esperando a que la recuperación macroeconómica se asiente para que aumenten los ingresos, y con ellos compensar a las comunidades injustamente tratadas, de las que la nuestra se lleva la peor parte.
¿Y por qué esperar? Para que no haya que quitarle fondos a unas para compensar a las otras. La filosofía es no quitarle a nadie, y cuando se ingrese más darle sólo (o darle más) a las ahora perjudicadas.
¿Y cómo paliar entonces la sostenida injusticia a la que se somete a las autonomías perjudicadas? Pues rebajando los intereses y aumentando los plazos de devolución de los préstamos (FLA) que nos ofrece el Estado para compensar lo que no nos da por derecho. Que es el camino ya iniciado, y por el que se va a seguir avanzando de cara a 2015.
¿Hay alguna otra opción para frenar la doble injusticia que supone no dar lo que corresponde a quien le corresponde, y así obligarle a endeudarse y a aumentar de esa forma su déficit? La quita.
Mariano Rajoy y el titular de Economía, Luis de Guindos, descartan la quita de siquiera una parte de la deuda autonómica con el Estado porque no la creen una medida aceptable en el marco europeo.
Sin embargo en el PP de Valencia hay quienes se muestran convencidos de que al final no habrá más remedio que aprobar el perdón de al menos una parte de la deuda con el Estado porque la Comunidad Valenciana no podrá devolver tanto dinero prestado, pero, sobre todo, porque tampoco podrá hacerlo Cataluña.
De momento este viernes habrá Consejo de Ministros y la semana que viene nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan Hacienda y las comunidades, para aprobar nuevos parches. Se habla de la mutualización de al menos parte de la deuda de todas las comunidades (las que están acogidas al FLA y las que no, que acuden por su cuenta a los mercados) convirtiéndola en deuda del Estado con las condiciones del Tesoro, una especie de mini-quita. Pero lo único seguro es la rebaja de los intereses del FLA (a eso también le llaman «mutualización»), que no afecta al principal. El conseller Moragues, al que le da igual que le aumenten los ingresos o que le reduzcan las cargas financieras según él mismo ha confesado, cifra el ahorro para las arcas valencianas en 750 millones de euros.
El Consejo también ha de aprobar los planes de ajuste de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, que no fueron aprobados en el Consejo de julio, y lo que se ha dado en denominar un FLA social, para que las autonomías paguen lo que adeudan a los ayuntamientos.