Proyecto Castor

Fiscalía denunciará por Castor al gobierno de ZP

La Fiscalía Provincial de Castellón denunciará ante el juzgado decano de Vinaroz a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.

De esta manera lo ha avanzado el ministerio público en un comunicado, en el que especifica que ha tomado esta decisión una vez finalizados los correspondientes trámites y tras el visto bueno de la Fiscalía General del Estado.

La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto durante el gobierno socialista del presidente Zapatero, además de contra la mercantil Escal UGS.

CASTOR CESÓ ACTIVIDAD TRAS LA ACTIVIDAD SÍSMICA

Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una «relación directa» entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

Escal UGS, empresa concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.

La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor.

COMPENSACIÓN A ENAGÁS QUE PAGAMOS LOS ESPAÑOLES

Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros aprobó en octubre un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.

EL SOCIALISTA PUIG AFIRMA QUE ZP TOMÓ DECISIONES EN «BENEFICIO DEL INTERÉS GENERAL» AUNQUE HUBO ERRORES

Al respecto, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, se ha mostrado «convencido» de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tomó las decisiones respecto a la instalación de la planta Castor en la costa de Castellón «en beneficio del interés general». No obstante, ha reconocido que «claro que hubo errores» y por ello «debe haber responsabilidades».

Así, en relación a la denuncia de Fiscalía, ha asegurado que «cualquier avance en la clarificación de lo que ha significado este proyecto me parece correcto».»Estoy convencido de que las decisiones que se tomaron en todo momento fueron en beneficio del interés general pero, probablemente ha habido errores. Claro que ha habido errores porque el almacén está como está y debe haber responsabilidades que se tienen que dirimir en el juzgado y en el ámbito político», ha agregado.

EL PPCV APLAUDE LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA

La coordinadora general del PPCV y consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, considera «acertada» la denuncia de Fiscalía por la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, en Castellón, al tiempo que ha instado al secretario general del PSPV, Ximo Puig, a pedir «responsabilidades» a los miembros del PSOE, puesto que fue su partido el que «ejecutó el proyecto».

Al respecto, la consellera ha mostrado «máximo y total respeto» a las decisiones judiciales, en este caso de la Fiscalía, además de «absoluta colaboración», y ha recordado que ellos -desde el PP y la Generalitat- «siempre» han dicho que en el caso de Castor «había responsabilidades».Considera «muy buena idea» y «acertada» la denuncia de la Fiscalía, y el hecho de este organismo «llegue hasta las últimas consecuencias e investigaciones».

Ir arriba