El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las «irregularidades» detectadas por Intervención en la actuación de la empresa mixta Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas SL, creada a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para dilucidar «la existencia de posibles responsabilidades penales». Los perjuicios a la Hacienda Pública están cuantificados provisionalmente en tres millones de euros.
Así lo ha señalado en la sesión de control en las Corts ante la pregunta de Podemos acerca de si se ha realizado una auditoría sobre la gestión y eficiencia económica de estas empresas mixtas creadas a través del IVVSA.
Puig ha explicado que sólo se ha podido auditar una de ellas, dado que el resto fueron creadas con una participación minoritaria de la Generalitat, la «fórmula elegida por el PP para eludir el control público», ha subrayado. En el caso de Desarrollos Urbanos, el informe, ha dicho el presidente, aconseja llevar a cabo las acciones necesarias para la liquidación de la sociedad y exigir las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los perjuicios a la hacienda pública, que están cuantificados provisionalmente en tres millones de euros.
Carencia de información
El pasado mes de noviembre, el portavoz adjunto del grupo parlamentario Compromís, Fran Ferri, ya denunció que la carencia de información financiera sobre la empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L impedía, según la Intervención General de la Generalitat, evaluar el impacto sobre las cuentas de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, antiguo IVVSA.
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L, con un 51% de participación pública, es una de las empresas mixtas promotoras de operaciones inmobiliarias creadas en 2004 por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco y la única que actualmente continúa existiendo con una mayoría accionarial pública. Como tal, según la Ley de Hacienda Pública Valenciana, se encuentra sujeta en las obligaciones de control y auditoría de la Intervención General.