El Consell ha elaborado un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, para lo que el plan familiar de inserción no será determinante para la concesión de esta ayuda, en aquellos casos en que la administración tarde más de dos meses para su elaboración. Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.
El decreto ley, que se aprobará en el pleno del Consell del próximo viernes, pretende terminar con los expedientes pendientes de tramitar, que ascienden a 15.545 y para ello, además de agilizar los trámites administrativos, también está previsto que las direcciones territoriales dependientes de la conselleria sean consideradas centros de atención directa, igual que un centro de salud o un colegio.
De esta manera, los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en las direcciones territoriales tendrán la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.
La vicepresidenta ha explicado en rueda de prensa que, a raíz de este decreto, «el plan de inserción familiar no va a paralizar la tramitación de la renta, de manera que cuando una persona solicite la ayuda se tramitará directamente si a los dos meses no se ha elaborado el plan de inserción familiar por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos, que pueden demorarse meses y meses en función del atasco que tengan».
A este respecto, Oltra ha insistido en que «es ineficaz, incongruente y no tiene sentido esperar nueve o diez meses después de solicitar la renta garantizada a tener el plan de inserción familiar pues, probablemente, la situación familiar haya cambiado. Por ese motivo, si en dos meses no hay plan, se tramita la ayuda porque la gente necesita vivir. Después, los servicios sociales actuarán e intervendrán en la familia».
Urgente necesidad para ponernos al día en la gestión de expedientes
Oltra ha explicado que, hace un año, al llegar a la conselleria, se encontraron con 13.527 expedientes pendientes de tramitar, a los que unos meses después se sumaron 5.697 que estaban pendientes de contabilizar, lo que elevó la cifra a 19.224 solicitudes, que se ha logrado reducir hasta los 15.545 actuales. Una cifra que, a su juicio, todavía evidencia una situación de urgente necesidad que justifica la necesidad del decreto ley.
La vicepresidenta ha indicado que «hemos usado la fórmula del decreto ley porque estamos hablando de una urgente y extraordinaria necesidad con el fin de ponernos al día en la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas».
Oltra ha adelantado que, a finales del semestre, está previsto que la nueva Ley de Renta Garantizada esté en Les Corts para iniciar el debate parlamentario «de cómo tiene que ser esta figura que nosotros estamos diseñando y que pensamos que tiene que ser el eje central de lo que es la lucha contra el empobrecimiento y una medida de equidad, de justicia social que palie la emergencia de muchas familias».
El objetivo es que cuando entre en vigor la nueva Ley de Renta Garantizada tras el debate parlamentario, prevista para marzo o abril del próximo año, los expedientes estén tramitados, de modo que la nueva ley «trabaje sobre limpio y no sobre la ruina y permita, además, elaborar una renta que dignifique la vida de las personas y les permita insertarse», ha explicado la vicepresidenta.
Crédito ampliable para proteger el derecho de las personas
La vicepresidenta ha explicado que en este año de gobierno ya se han tomado medidas importantes, como el incrementar el presupuesto destinado a Renta Garantizada de los 29 millones de 2015 a los 39 de este año, que además son considerados crédito ampliable, lo que va a permitir solicitar en breve una ampliación de 6 millones de euros para poder seguir pagando esta ayuda.
«Más importante que el incremento en esta partida es la consideración de crédito ampliable de la partida de la renta garantizada para no tener que hacer modificaciones presupuestarias. De este modo protegemos el derecho de las personas, independientemente de que se agote la partida presupuestaria», ha insistido Oltra.
A este respecto, la consellera de Igualdad ha hecho hincapié en que «si hay más solicitudes y hay más personas que tienen derecho a esta ayuda, aunque se hayan agotado los 39 millones de euros, ese crédito se amplía, porque lo primero es el derecho».
«Un derecho que depende de las disponibilidades presupuestarias, que era el mantra del antiguo gobierno del Partido Popular, no es un derecho. No podemos estar hablando de un derecho si este depende de que haya suficiente disponibilidad en el presupuesto. El derecho es previo y se ha de cumplir y garantizar por parte de los poderes públicos», ha insistido Oltra.
Asimismo, ha recordado que en julio y en noviembre del año pasado se aprobaron sendas modificaciones presupuestarias que ascendían a un total de 2,4 millones de euros y en estos meses se han creado algunos nuevos puestos de funcionarios en las territoriales para intentar atender «el insostenible número de solicitudes no atendidas en los términos determinados».
Estas medidas han permitido lograr que en julio existan 34.648 destinatarios de la Renta, de los que 13.837 son titulares y 20.811 son beneficiarios; frente a los 32.134 destinatarios, 12.415 titulares y 19.719 beneficiarios, que existían en el mismo mes de 2015.
Oltra también ha querido destacar que el actual Consell lleva ya 36,5 millones de euros distribuidos para el pago de esta ayuda, frente a los 27 millones de euros que habían en julio de 2015.
Incremento del empobrecimiento en la Comunitat Valenciana
Finalmente, la vicepresidenta ha puesto de manifiesto que, desde la aprobación de la ley de Renta Garantizada en 2007 hasta hoy, la Comunitat Valenciana ha padecido un empobrecimiento que oscila entre el 34 y el 36 por ciento, según la tasa europea AROPE; hay un 40 por ciento de pobreza infantil y un 62 por ciento de pobreza en las familias monoparentales.