El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido en audiencia a los miembros de la Asociación de Juristas Valencianos (AJV) para trasladarles su apoyo en la defensa de la capacidad de legislar en la Comunitat Valenciana. Mediante esta reunión, a la que también ha asistido el director general de la Administración Local, Antoni Such, el jefe del Consell ha reivindicado de nuevo el autogobierno valenciano y su autonomía para producir y desarrollar la legislación que deriva del Derecho Civil Foral Valenciano.
El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional algunas de las leyes aprobadas en la Comunitat Valenciana que se amparan en el Derecho Civil Foral Valenciano; concretamente la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, la Ley de Custodia Compartida y la Ley de Uniones de Hecho.
La AJV ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno central la retirada de dichos recursos, una reclamación a la que también se ha sumado la Generalitat. En ese sentido el Consell, en su reunión del 1 de abril, ya aprobó una declaración institucional por la que se insta al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad de estas tres leyes. Una declaración en la que, además, se defiende la competencia exclusiva de la Generalitat sobre la conservación, el desarrollo y la modificación del Derecho Civil Foral Valenciano.
El presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, José Ramón Chirivella, paso por los micros de News FM
José Ramón Chirivella, el presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, pasó anoche por los micros de la tertulia AP7 de News FM, tras salir de la reunión con el president de la Generalitat Valenciana. Durante la conversación, Chirivella hizo hincapié en la necesidad de que el pueblo valenciano mantenga su propio derecho civil, más allá de los futuros debates que se puedan plantear sobre su contenido. El presidente de la AJV recordó que la primera traba a nuestro derecho civil vino con el anterior Gobierno, encabezado por José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ha continuado con ese protocolo de actuación judicializadora del Gobierno central.