La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha comparecido este viernes por propia voluntad en la Fiscalía Provincial de Valencia para entregar la documentación relativa a la liquidación de la empresa Desarrollo Local de Paterna (DLP) y ha anunciado que ha iniciado los trámites para demandar al portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, «por denuncia falsa y delitos contra el derecho al honor».
En un comunicado, la primera edil ha explicado que, además, se ha entrevistado con el teniente fiscal, «que ha recibido la documentación que esclarece las dudas malintencionadas planteadas en la denuncia del PSOE«. Del mismo modo, ha apuntado que de la lectura completa de la documentación «se desprende que no hubo prevaricación pues todas las decisiones se tomaron atendiendo las consideraciones previas de los técnicos municipales».
Asimismo, ha defendido que «tampoco pudo haber malversación de fondos públicos dado que el desarrollo y ejecución del proyecto no ha supuesto para el Ayuntamiento ningún daño, al ser el socio privado quien ha asumido todos los costes derivados de la licitación, constitución, pervivencia y disolución de DLP«.
Al respecto, ha apuntado que al Ayuntamiento «aportó para la constitución de la sociedad una serie de inmuebles que recupera íntegramente tras la liquidación de la misma».
Por ello, Martínez, que ha valorado el proceso como un «situación de indefensión a la que ha sido sometida», tras recibir asesoramiento jurídico, ha iniciado los trámites para demandar al portavoz socialista Juan Antonio Sagredo por denuncia falsa y delitos contra el derecho al honor.
Al respecto, ha apuntado que según el artículo 456 del Código Penal «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación».
Del mismo modo, ha señalado que este delito «puede conllevar hasta la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave».