El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decretado la apertura de juicio oral para el ex director general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control de la caja Juan Ramón Avilés a los que ha concedido un plazo de 24 horas para depositar una fianza por responsabilidad civil de 1,9 y 6,6 millones de euros respectivamente.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acusa a ambos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario y añade, en el caso de Avilés, un cuarto delito, de otorgamiento de contrato simulado. Los dos están acusados de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.
López Abad se enfrenta a penas de entre 4 y 14 años de prisión mientras que Avilés podría ser condenado a entre 2 años y seis meses y 16 años y seis meses de cárcel, de acuerdo con los escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la propia CAM a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB).
El magistrado designa además, como partícipes a título lucrativo a 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, a los que acusa de haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros. También considera partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos hijos de Avilés.
Según precisan Anticorrupción y el FROB en sus escritos, a partir del año 2005, el acusado López Abad, que había sido nombrado director en 2001, «buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos».
La Junta General de TI, reunida el 26 de junio de 2006, acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció para el segundo semestre de 2006 una ‘dieta’ de 16.400 anuales –frente a los 8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento– y para los años sucesivos de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los «cargos internos» cobrarían el doble.
En 2008 TI acordó elevar la anterior «dieta» a la cantidad de 80.000 euros anuales para el presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000 anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto de los miembros. En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB. Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un total de 308.700 euros. Él y otros 20 integrantes del órgano, dos de ellos fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.
SIMULACIÓN DE VENTA
El escrito también recoge la participación de ambos exdirectivos en una simulación de venta de acciones de la sociedad ‘La Vereda de Sucina’, dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.
El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a ‘La Vereda de Sucina’ fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente «impagados».
La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo «créditos en condiciones ventajosas» para empresas vinculadas a su familia.
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