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La Comunidad no será territorio libre de fracking

El PP en las Corts ha rechazado la proposición no de ley de EUPV en la Comisión de Industria, en la que se proponía declarar el territorio valenciano libre de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica –conocida como fracking–, al advertir de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional contra Cantabria que declaró nula la prohibición del uso de esta técnica en esta comunidad.

En concreto, el tribunal estimó el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cantabria y emitió una sentencia en la que se considera inconstitucional la norma por invadir competencias del Estado para regular la ordenación del sector energético y, dentro de éste, el subsector gasístico.

El diputado de EUPV Lluís Torró ha advertido de que el fracking es «muy perjudicial» para el medio ambiente. Además, ha apuntado, hay informes de la Conselleria contrarios a su utilización y en Francia, ha proseguido, está «prohibido».

Desde las filas ‘populares’, Felipe del Baño ha insistido en el argumento del TC y ha explicado que en al Comunitat Valenciana se analiza «caso a caso». Además, ha afirmado que la Generalitat «tiene claro que lo principal es proteger el medio ambiente».

El diputado del PP también ha señalado que no se va a permitir ningún proyecto en la Comunitat Valenciana sin el informe de impacto ambiental correspondiente.

Por otro lado, la propuesta de EUPV también instaba al Consell a aplicar el principio de precaución, dejando sin efecto todas las autorizaciones concedidas por la Conselleria para la realización de estudios prospectivos mediante esta técnica, así como a instar al Gobierno de España a la prohibición de la realización de actividades que suponga, en todo, o en parte del proceso, la utilización de las técnicas de fracturación hidráulica con inyección de agua y otros productos y aditivos químicos.

Torró ha argumentado que Los riesgos asociados a este tipo de industria así como su incompatibilidad con los sectores productivos actuales y con la gestión sostenible de los recursos naturales y paisajísticos, «no pueden ser asumidos por la ciudadanía y sus instituciones deben velar para que así sea».

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