¿Quién será quién si Pedro Sánchez consigue la Presidencia? Es una pregunta que se hacen los periodistas españoles, haciendo quinielas sobre qué políticos ocuparán los diferentes cargos públicos que emanan del Ejecutivo del Estado español. Entre los nombres que aparecen en esos rumores, se encuentra la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo, a la que muchas y muchos ya ven como la próxima Fiscal General del Estado, en un hipotético gobierno encabezado por Pedro Sánchez.
Sin embargo, Gabriela Bravo, ha asegurado este martes que no se ve «para nada» ocupando el cargo de Fiscal General del Estado en el caso de que el PSOE consiga los apoyos necesarios para formar gobierno. «Es un rumor que no ha llegado a Valencia», ha ironizado Bravo a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia tras reunirse con el titular de esta cartera, Rafael Catalá. Bravo, fiscal de carrera, ha comentado que está centrada en resolver los problemas de los valencianos y que «no tiene ningún interés en que se utilice» su nombre. «No me planteo qué me gustaría ser», ha insistido.
De perfil independiente, Gabriela Bravo es consellera del Gobierno del socialista Ximo Puig desde esta legislatura. Comenzó su carrera como fiscal de Menores y asumió la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales (UPV) antes de ocupar el cargo de portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 y 2013.
La consellera se ha referido a su propuesta para llevar a cabo una «revisión sustantiva» de los aforados alineándose con la opinión mayoritaria de los diferentes actores de la Administración de Justicia. Bravo ha explicado que ve bien que esta condición se mantenga para un reducido número de políticos como el presidente del Gobierno o los ministros.
También dejaría como aforados a jueces y fiscales, una decisión que ha alejado de «argumentos corporativos». En su opinión, la decisión estaría motivada por el blindaje de la «garantía de imparcialidad». En cualquier caso, ha abogado por acabar con las «lagunas» que existen en la ley que regula los aforamientos.
Bravo señala la necesidad de asignar 15 nuevas plazas para los juzgados de la Comunitat
De la reunión con Catalá, la segunda que lleva a cabo tras asumir el cargo como consellera en el gobierno del socialista Ximo Puig, Bravo ha destacado la necesidad de que el Gobierno levante la suspensión -por petición de la Generalitat en 2011- sobre la asignación de 15 nuevas plazas para los juzgados de esta comunidad autónoma. «Arrastramos un déficit de más de cinco años sin crear ninguna plaza», ha explicado antes de aportar el dato de que esta región es la cuarta con más carga de trabajo. El ministro en funciones ha explicado que la interinidad del Gobierno de Mariano Rajoy dificulta que se apruebe el decreto para asignar las 15 plazas ya presupuestadas pero que se quedaron suspendidas.
Bravo ha mostrado su satisfacción por los «avances» hacia el expediente digital en la Administración de Justicia a través de plataformas como LexNET, aunque ha coincidido con Catalá en la necesidad de implantar un sistema procesal común en todo el territorio nacional. El compromiso deslizado por la consellera es que «después del verano» existan las aplicaciones que hagan compatibles las comunicaciones con LexNET, el sistema de transmisión telemática impulsado por el Ministerio.
Además, Catalá ha adelantado que, al igual que en 2015, la Comunitat recibirá 860.000 euros dentro de los seis millones de euros que se repartirán en la próxima conferencia sectorial de Justicia.