El PP ha aprobado en solitario la Ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2015 -conocida como Ley de Acompañamiento-, por la que se incorpora la tasa del copago de centros o residencias para mayores y personas con discapacidad, y especifica que la cuantía se calculará en función del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario. Desde la oposición se ha criticado el uso de este trámite porque permite legalizar el copago sin pasar por el estudio de los órganos consultivos de la Generalitat, y sin memoria económica.
De esta forma, las aportaciones económicas que hacen los usuarios tendrán la consideración de tasa y no de precio público, que es como hasta ahora estaba regulado. Así se ha decidido tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anuló el decreto del Gobierno autonómico en el que se fijan los precios públicos del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes.
En este sentido, el portavoz de EUPV, Ignacio Blanco ha asegurado que a partir de mayo de 2015, tras las elecciones, «una mayoría decente» derogará este «repago». En respuesta a esta intervención, la ‘popular’ Maritina Hernández ha reprochado tanto a socialistas como a EUPV que en Andalucía, donde ambas formaciones gobiernan, lo están aplicando. La parlamentaria del PP, además, ha afirmado que se han introducido «mejoras en forma de tasas pactadas con el sector».
En este último paso parlamentario, se han aprobado cuatro enmiendas de la oposición y otras dos han sido transaccionadas. Entre las que las propuestas que se han incorporado al texto legal, se encuentra una enmienda de EUPV que modifica la ley de tasas para que las víctimas de actos de violencia machista que tengan lugar en la Comunitat, sean o no residentes, o los que sean sufridos por residentes, pero ocurran en otra autonomía, estarán exentas del pago de tasas sanitarias.
SECTOR PÚBLICO
Además, se ha transaccionado un texto para modificar la ley de racionalización del sector público, para que el personal temporal de una sociedad mercantil o fundación que se extingan se incorpore a las entidades de derecho público que asumen las funciones. Se pone como condición que «en ningún caso» este personal puede adquirir la condición de empleado público, sólo mediante una prueba de selección que convoca la Administración Pública.
Del mismo modo, mediante enmienda a la ley, se crea la sociedad mercantil, con forma de sociedad anónima, denominada ‘Centro Especial de Empleo del IVAS (CEE-IVAS)’, cuyo objeto social es promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad física e intelectual.
CULTURARTS Y EIGE, RESPONSABLES DE ARCHIVO RTVV Y RED DE DIFUSIÓN
Por otro lado, recordar que a lo largo del trámite de debate de las enmiendas en comisión, el PP aprobó una, con la abstención de la oposición, por la que el personal laboral adscrito al archivo de documentación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) se adscribirá a CulturArts y los trabajadores de la red de difusión, a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). De este modo, CulturArts y EIGE serán los responsables de la gestión y custodia del archivo y de la red de difusión, respectivamente, por lo que soportarán los costes que de ahí se deriven.