La Comunidad Valenciana registró una tasa de litigiosidad de 190,2 casos por cada 1.000 habitantes el pasado año 2014, lo que la sitúa como la séptima autonomía con mayor nivel de litigiosidad. La media nacional es de 185 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Junto a la Comunidad, han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional Andalucía (218,2), Madrid (203,8), Illes Balears (198,5), Canarias (195,9,), Cantabria (193,3) y Murcia (192,1). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (117,4), País Vasco (127,0) y Extremadura (143,2).
A NIVEL NACIONAL
En total, el número de asuntos ingresados en 2014 en los órganos judiciales españoles alcanzó un total de 8.653.160 asuntos, un 0,2 por ciento más que en 2013, rompiendo así una tendencia de disminución en la entrada de asuntos que venía produciéndose en los últimos cuatro años. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 185 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Según un informe estadístico difundido este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en este periodo los tribunales españoles resolvieron 8.786.802 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 2.562.153 asuntos, lo que significa una reducción del 4,5% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2013.
El estudio refleja incrementos del 10,5 por ciento en el número de ingresos en la jurisdicción civil y un 8,2 en la contenciosa, mientras que la penal ha presentado una disminución del 2,1 por ciento y la social, del 8,8 por ciento.
RESPUESTA JUDICIAL
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha hecho público su Informe sobre los indicadores clave de la Justicia en 2014, en los que destaca la reducción en el tiempo de respuesta judicial, ya que la duración media estimada de un proceso en primera instancia ha descendido de 3,9 a 3,7 meses, mientras que en la segunda instancia el descenso ha sido más acusado, pasando de los 5,2 meses de media estimada en 2013 a los 4,6 del pasado año.
En el Tribunal Supremo, la duración media estimada de un proceso judicial es de 11,1 meses, reduciéndose en 0,2 puntos respecto al año 2013.