La Diputación de Valencia ha finalizado el Plan de Ajuste 2013-2015 con dos años de antelación sobre el plazo previsto. Así lo comunicó este martes el presidente de la institución, Alfonso Rus, antes de la celebración del pleno de la corporación. Además, la Diputación alcanzó, durante el último trimestre de 2013, una media de 26 días en su plazo de pago a proveedores.
Rus explicó que gracias a que la Diputación de Valencia supo adelantarse, se aplicaron las medidas necesarias para paliar la crisis y la corporación acabará el año con deuda del 63%, que podría reducirse hasta el 50% al final de la legislatura. Entre las directrices del plan figuraba rebajar la deuda a finales de 2013 al 70,34%, por debajo del límite del 75% que marca la ley.
Por lo que se refiere al pago a proveedores, según el informe elaborado por el departamento de Tesorería de la Diputación para el Ministerio de Hacienda, señala también que el volumen total de operaciones a terceros en el cuarto trimestre de 2013 ascendió a 5.511 operaciones por un valor global de 51,5 millones.
Durante el pleno de la Diputación de Valencia, todos los grupos aprobaron por unanimidad una moción del PSPV para reclamar a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda de 217 millones en concepto de ayudas a la vivienda para adquisición, alquiler y rehabilitación. La corporación también reclama la elaboración de un «calendario razonable» para abonar estas ayudas, en el que se respete el orden de presentación de las solicitudes.
Según expuso el diputado socialista José Ruiz, el Gobierno valenciano tienen una deuda pendiente con 13.508 ciudadanos de 137 millones por el cheque vivienda; 3,5 millones a 1.812 personas por ayudas al alquiler y 77 millones a 12.747 ciudadanos en concepto de ayudas a la rehabilitación. La deuda media es de 7.000 euros, aunque se dan casos en los que oscila entre los 15.000 y los 20.00 euros, según el representante del PSPV.
Desde el grupo popular se mostraron de acuerdo con el contenido de esta moción, salvo en los puntos que hace referencia a reclamar estas ayudas a través del Fondo de Liquidez Autonómica, y que este acuerdo sea comunicado a les Corts Valencianes. En este sentido, el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Medina, argumentó que el acuerdo se debe comunicar a los interesados a través de la Plataforma de Afectados por los Impagos.
Por su parte, el diputado de Compromís, Emili Altur, consideró «positivo que los propios afectados se puedan ver apoyados por las fuerzas políticas a reclamar a la Generalitat«, que «queremos que sea creíble ante los ciudadanos». Por su parte, la portavoz de EUPV, Rosa Pérez, resaltó la importancia de que esta Institución reclame el pago de esta deuda en un momento en el que un «gran número de personas están afectadas por los impagos de la Generalitat».
No hubo consenso, sin embargo, en el manifiesto institucional con motivo del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, que sacó adelante el PP en solitario. Los populares rechazaron una iniciativa de la oposición para pedir la retirada del proyecto de ley de reforma de la Ley del Aborto.
El grupo popular intentó fundir las dos iniciativas en una al añadir al manifiesto institucional un punto sobre la reforma de la ley del aborto. Así, el texto solicita al Gobierno y a las Cortes Generales la obtención del mayor número de acuerdos parlamentarios para procurar que la nueva ley se promulgue con el máximo consenso posible.