La Generalitat Valenciana ha firmado el arrendamiento parcial de la antigua sede de la Generalitat en la calle Españoleto de Madrid a la firma de asesoramiento financiero Optima Corporate, por 70.451 euros. Tras la pertinente licitación, le ha alquilado la planta primera, de 484,92 metros cuadrados, y dos plazas de garaje, por ocho años de obligado cumplimiento y un máximo de 20, mientras que el procedimiento para el resto del inmueble quedó desierto.
Además, ha suscrito un convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia para cederle el uso de un primer piso en la calle Sornells número 28 de la ciudad, procedente de una herencia ‘ab intestato’ –sin testamento– y que ahora se convertirá en la sede de la Asociación de Vecinos Ruzafa-Gran Vía.
Moragues ha indicado que son «dos ejemplos más de la gestión patrimonial de la Generalitat, orientada a optimizar el uso del patrimonio», y ha cifrado en 14 millones el ahorro anual por su gestión de alquileres, tres que ingresa y once que deja de pagar. En este sentido, se ha referido al hito de la puesta en marcha de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre en Valencia, que permitió rescindir 23 contratos de alquiler y ahorrar 11,4 millones al año.
En paralelo, la Generalitat alquiló otros cuatro inmuebles en Valencia, la antigua sede de la Conselleria de Infraestructuras en la avenida Blasco Ibáñez, a la Agencia Tributaria, y la de Economía en la calle Colón número 32, al grupo Inditex, en ambos casos por 1,2 millones anuales, así como el edificio del antiguo Impiva en la plaza del Ayuntamiento número 6 a la firma Alehop, por 204.000 euros, y un garaje de Velluters con 292 plazas, por unos 200.000 euros anuales.
A preguntas de los medios, Moragues ha asegurado que «cada vez quedan menos edificios o locales» disponibles, entre ellos los inmuebles en la calle Colón 78-80, el edificio de La Cigüeña en el paseo de la Alameda o el número 6 de la plaza Nápoles y Sicilia y que, actualmente, están «en negociaciones» y «hay ofertas».