Máxima actividad en los juzgados. Desde el consejo de administración de CAM a EMARSA, pasando por Noós, los magistrados españoles afrontan en los próximos meses un gran número de casos sensibles para la población, muchos de ellos mediáticos. Políticos y banqueros están en el ojo del huracán y van a tener que desfilar por los juzgados para declarar tras haber cometido, presuntamente, irregularidades en su gestión.
Uno de los casos que más atención está reclamando tiene su epicentro en Manises. El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del ‘caso Emarsa’, ha abierto juicio oral contra el expresidente de la entidad, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; su hermano, Carlos; y sus padres, Enrique y María Ángeles, por ocultar un premio de la lotería de Navidad del año 2011 por un valor de 12.375.000 euros.
Crespo y su familia fueron procesados el pasado mes de julio por ocultar este premio para, según defiende el juez, eludir el pago de cualquier tipo de responsabilidad civil en caso de que sea condenado Enrique Crespo en la pieza principal del caso, lo que supone un presunto delito de alzamiento de bienes.
Fiscalía pide para Enrique Crespo una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 27.000 euros, mientras que reclama para su familia la misma pena por considerar que fueron cooperadores necesarios del delito.
La causa se retrotrae hasta diciembre de 2011, fecha en la que Enrique Crespo fue la única persona del PP de Manises que se encargó de pedir, comprar y repartir los décimos del número que jugaba el partido en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. En este caso, el número reservado fue el 53.404, y en total Crespo adquirió 275 décimos. De éstos, 50 fueron abogados por otro afiliado del PP.
Tras declarar al juez que solo llevaba un décimo, Crespo «se concertó» con sus padres y su hermano para entregarles los décimos que poseía, a excepción de uno, para que los cobraran y poder, así, eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse contra él en la pieza principal de la causa.
NOÓS
El caso que más atención mediática genera, posiblemente por la magnitud de las personalidades imputadas, entre las que se encuentran la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, o citadas como testigos es el de Noós. Más de 300 personas declararán a lo largo del juicio, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, así como gran parte del gobierno autonómico balear.
También está salpicado por el caso Noós el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien ha reconocido este martes que no estuvo acertado en la rueda de prensa. Estas declaraciones las ha realizado tras escuchar como el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, le reprobaba públicamente tras señalar que no le habían gustado «ni la actitud ni las formas» con las que el vicealcalde de Valencia afrontó la crisis.
SAQUEO DE LA CAM
Otro caso mediático, por la sangría que supuso para una entidad muy enraizada en la sociedad alicantina, es el que está abordando el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez en relación a las dietas que cobró de forma irregular Modesto Crespo, expresidente de CAM, por valor de 300.000 euros. Durante las últimas semanas han ido desfilando por la Audiencia parte de aquel consejo.
Hasta el momento, los consejeros están ofreciendo versiones contradictorias, aunque la mayoría de ellos defiende que las famosas dietas no fueron aprobadas en la reunión del órgano rector de CAM. Las declaraciones más esperadas llegarán el próximo 20 de noviembre, cuando declaren el exdirector general Roberto López Abad y su expresidente Modesto Crespo.
Gómez Bermúdez ya investiga a Crespo y a López Abad junto a otros antiguos directivos de la caja –el exdirector general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol; el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb; y la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós– por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, por el cobro de pensiones de jubilaciones abusivas y su papel en la quiebra de la entidad.
El magistrado dictó, además, hace una año el ingreso en prisión eludible con una fianza de 1,5 millones de euros para López Abad al que atribuye haber desviado millones de euros de la CAM que destinó a la compra de hoteles en el Caribe a través la participada Valfensal, junto a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. El exdirector general de la entidad permaneció seis días en la cárcel, que abandonó tras presentar bienes que cubrían la caución.