Los grupos de la oposición parlamentaria han vuelto a exigir en el Congreso al Gobierno que inicie ya la reforma de la financiación autonómica y no apruebe nuevos «parches» como los fondos de liquidez, a lo que el PP ha respondido que es «el momento más inoportuno» porque se van a renovar 13 gobiernos autonómicos, en las elecciones de mayo, y por la caída de los ingresos tributarios.
El debate se ha producido en la Comisión de Hacienda, donde se ha aprobado la remisión al Pleno de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) que introduce, entre otras cosas, un nuevo mecanismo de sostenibilidad del gasto sanitario con limitaciones: el Gobierno penalizará a las comunidades cuyo gasto farmacéutico crezca por encima del PIB nacional.
Esta novedad ha sido introducida mediante una propuesta del PP, que ha aprobado este jueves todas sus enmiendas a la reforma y ha rechazado las del resto de grupos, aunque está dispuesto a buscar acuerdos en asuntos puntuales de cara al debate en Pleno.
En concreto, se crea un nuevo mecanismo de apoyo al gasto farmacéutico y sanitario de adhesión voluntaria para las CCAA. Pero las autonomías que superen los límites impuestos no podrán prestar servicios distintos de los de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, lo que se llama cartera de servicios complementarios, entre otras restricciones.
«ESCANDALOSO CONTROL» SOBRE LAS CCAA
La socialista María José Vázquez ha acusado al Ejecutivo de aprobar medidas de liquidez que introducen «un nivel importante de control de las comunidades», una «recentralización», en lugar de reformar a fondo el sistema de financiación y ha sido especialmente crítica con esta medida sobre el gasto sanitario.
«Es una escandalosa forma de ejercer el control sobre la gestión sanitaria de las comunidades», a las que se imponen unas obligaciones que el Gobierno no ha discutido con ellas en el Consejo Interterritorial de Sanidad, ha dicho.
«Las comunidades ya tienen que cumplir una regla de gasto, por qué ponerles otra específica para el sistema sanitario. El Gobierno no soporta que tengan la libertad de aprobar su cartera de servicios complementarios», ha añadido.
En términos parecidos se han manifestado otros portavoces de CiU, Izquierda Plural y UPyD, que han exigido una reforma del sistema de financiación en lugar de medidas de liquidez parciales. El portavoz catalán, Antoni Picó, ha acusado también al Gobierno de querer «controlar» la gestión sanitaria autonómica, «aunque nos digan que el objetivo es garantizar sostenibilidad del gasto farmacéutico».
POSIBLE NEGOCIACIÓN
Por el PP, María Eugenia Romero ha asegurado que estas medidas sobre el gasto sanitario es un asunto «abierto a la negociación» con otros grupos en el trámite parlamentario, que acaba de comenzar, aunque ha defendido los controles a las autonomías: «Unos celebran la fiesta del gasto desorbitado y todos los españoles pagamos los excesos».
La portavoz ha rechazado iniciar una reforma de la financiación autonómica en vísperas de elecciones autonómicas en 13 comunidades, que van a tener gobiernos nuevos. «Pretenden una reforma en el momento más inoportuno, es tener una gran visión de Estado», ha dicho.
Ha asegurado que el Gobierno afrontó la legislatura «con las arcas esquilmadas» y una caída de la recaudación tributaria y que tampoco el contexto económico ha permitido cambiar el sistema de financiación, cuando no había dinero que repartir.