La renuncia de Martínez invalida al tribunal

La decisión de Milagrosa Martínez de renunciar a su escaño en Les Corts tendrá consecuencias en el juicio, que debería comenzar el 31 de marzo. Para empezar, pone en duda si el órgano que juzgará las adjudicaciones a la rama valenciana de la Gürtel debe seguir siendo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y es que al perder Martínez su condición de aforada, el caso podría pasar a la Audiencia Nacional o a la Provincial.

La última palabra la tiene el propio TSJCV, que ya ha empezado a mover ficha. La secretaría de la Sala de lo Civil y Penal remitió el mismo viernes un escrito a la Mesa de Les Corts en el que le solicita que acredite la situación de Milagrosa Martínez tras las informaciones de su dimisión como diputada autonómica. La todavía alcaldesa de Novelda era la única aforada de entre los 13 procesados en el caso, motivo por el que éste seguía en manos del alto tribunal autonómico.

Así que, una vez se reciba oficialmente la acreditación de que Martínez ya no es diputada, la sala dará traslado a las partes y oportunidad de oírlas en un plazo máximo que, según fuentes del TSJCV, no excederá los tres días. Después, previsiblemente dictará un auto en el que se reconoce “sin competencias” sobre el asunto al no haber aforados, y por el que remite la causa al órgano que, tras estudiarlo “detenidamente”, considere competente.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, una de las posibilidades que se plantean es la remisión de esta parte de la causa a la Audiencia Nacional, que fue el órgano que en su día la envió al TSJCV ante la implicación de aforados, en ese momento Milagrosa Martínez y la que también fuera exconsellera Angélica Such, que ya renunció en su día al escaño. No obstante, también podría remitirse a la Audiencia Provincial.

La posibilidad de que el asunto cambie de manos no se contempla para la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio público cree que la renuncia de Martínez no debería suponer la pérdida de competencia del TSJCV para juzgar el caso. En su opinión, la competencia del tribunal valenciano es “única para conocer de la totalidad de los hechos presuntamente cometidos por la denominada ‘rama valenciana del Grupo Correa’ tal como ya acordó el Tribunal Supremo, al tratarse de un único procedimiento con numerosos aforados”.

La Fiscalía explica que la formación de piezas dentro de este “macro procedimiento” fue en su día “promovida y asumida” por el TSJCV con la “sola finalidad de agilizar su tramitación, evitar la impunidad de conductas y facilitar el ejercicio de los legítimos derechos de las partes”.

Además, el Ministerio público también considera que la renuncia de Martínez, “más de un año después de conocer el escrito de acusación formulado contra ella, ocho meses después dictarse auto de apertura de juicio oral y a sólo nueve días del comienzo del juicio, reviste carácter de fraude de ley“. Por eso, advierte al TSJCV de que debe asumir su competencia sin quedar al arbitrio de la mera voluntad de algunos de los aforados”.

 

11 años de prisión

Junto a Milagrosa Martínez están procesadas en esta pieza del caso otras 12 personas: la también exconsellera de Turismo Angélica Such; Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa; Isabel Jordán, ex administradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, ex empleada de las mismas entidades.

Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación para Milagrosa Martínez por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito de cohecho. El PSPV, que ejerce de acusación popular, pide entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros.

Milagrosa Martínez resultó procesada en esta pieza por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad pública de la Generalitat, a Orange Market, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Para conseguir las adjudicaciones, los empresarios acusados en el procedimiento elaboraron un borrador de criterios de adjudicación de unos pliegos de contratación que pudieran resultarles favorables. Fiscalía mantiene además que la trama regaló a Martínez un reloj por valor de 2.400 euros, así como otros artículos por Navidad.