Les Corts aprueban que los expresidentes del Consell continuen con sus privilegios

Les Corts Valencianes han rechazado, con los votos del PP, la proposición de ley del PSPV que pedía modificar el Estatuto de los expresidents de la Generalitat para suprimir la oficina de apoyo y establecer que su condición de miembro nato del Consell Jurídic Consultiu sea incompatible con otros cargos.

El Gobierno valenciano ha emitido su criterio desfavorable, en el pleno de Les Corts celebrado ayer, a la tramitación de esta iniciativa. Según informa Efe, aunque el Consell ha reconocido que no se opone a que la norma «sea objeto de reflexión y ajuste» para acomodarla «a la realidad económica», ha señalado que no debe hacerse «de forma fragmentada y unidireccional».

El diputado del PSPV Rafael Rubio ha defendido esta proposición de ley, que ha contado con los votos favorables de Compromís y EU, y ha asegurado que «no tiene sentido» que los expresidents cuenten con una oficina de apoyo que les permite contar con personal eventual, así como otros privilegios.

Su propuesta reclama que cuando sean condenados en firme pierdan su privilegios, además de que ser miembro del Consell Jurídic Consultiu sea «incompatible» con otros cargos públicos o privados.

Rubio ha incidido en que es la cuarta vez que se trata en la Cámara autonómica este asunto y ha recriminado que el Consell diga que se puede modificar pero en una reforma más amplia donde participen otras instituciones, y se ha preguntado cuáles son éstas.

A su juicio, si un expresident opta por seguir en la vida pública, irse a la empresa privada o ser miembro del CJC debe hacerlo «con todas las consecuencias, pero no tener ventajas adicionales».

Se ha mostrado de acuerdo en que dispongan de seguridad, siempre que actúen en representación de la Generalitat como expresidents y no en sus otras actividades, y ha recriminado que se gaste «un cuarto de millón de euros» en estas medidas de seguridad.

El diputado popular Alfredo Castelló ha recriminado a los socialistas que quieran marcar los tiempos del gobierno y les ha asegurado que «no marcan sus prioridades, que son salir de la crisis y crear empleo».

Ha defendido que el Consell no se opone a la modificación pero en un marco de reforma más amplia y ha recriminado que se hable de incompatibilidades y de perder privilegios en caso de condena cuando ésta ya «lleva consigo la pena de inhabilitación».

El parlamentario popular ha asegurado que los alquileres de los despachos de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña cuestan «más del doble» de lo que se gasta el Consell en seguridad de los suyos y ha acusado a los socialista de «no respetar» el estatus de los expresidents.

Para Castelló, es «demagógico» que el PSPV diga que es un «exceso» que dispongan de personal eventual y que tienen que renunciar a ello y le ha instado a «dar ejemplo si quieren tener credibilidad» en los ayuntamientos en los que gobiernan.

En la defensa de su voto a favor de la iniciativa, Mónica Oltra (Compromís) ha asegurado que el criterio del Consell supone una «ostentación de hipocresía política y de ignorancia de lo que supone la esencia de la democracia». «La propuesta es necesaria porque la gente sí está preocupada por las prerrogativas de los expresidentes», ha afirmado para asegurar que los 250.000 euros que se gastan en seguridad para ellos supone, por ejemplo, «71.000 comidas».

El diputado de EU Ignacio Blanco ha defendido su apoyo a los socialistas en una proposición que «endurece la incompatibilidad» y acaba con «privilegios injustificables» porque creen en «el principio de igualdad», aunque ha señalado que lo mejor sería derogar la normativa.

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