15 monumentos, Espacios Protegidos, palacios y edificios de la ciudad dentro del Catálogo de Bienes, son lo que actualmente tienen restringida la visita del público general. Son expresamente 15 calificados como Bienes de Interés Cultural (BIC) queno cumplen con los supuestos previstos en la normativa vigente de «al menos durante cuatro días al mes, en días y horarios predeterminados» (Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 47/1998, en su artículo 32).
Las razones que esgrime la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte son diversos al tratarse en de residencias particulares (Palacio de los Escrivà), edificios de uso institucional (Palacio de Català de Valeriola, sede de la vicepresidencia del Consell), templos donde se celebran oficios religiosos, lugares de representaciones públicas (Teatro Principal) o inmuebles donde se desarrollan actividades económicas (Bolsa de Valencia).
En todos estos casos aduce «difícil compatibilizar la visita pública con el debido derecho a la intimidad» o el desarrollo de las tareas laborales. La ley a este respecto matiza que el régimen de visitas «que se establezca deberá garantizar debidamente el respeto al derecho a la intimidad personal y familiar». No obstante, nada dice al respecto de que no puedan buscarse huecos y modos para conciliarlo.
También se refiere a aquellos monumentos que «no son visitables temporalmente debido a que no reúnen las debidas condiciones de seguridad o por encontararse en fase de restauración».
Estamos hablando del Palacete del Jardín de Ayora, el Palacio de los Boïl de Arenós, Palacio de los Català de Valeriola, Palacio de los Almirante de Aragón, Teatro Principal, Monasterio del Temple, Palau de la Generalitat, Palacio del Marqués de la Scala, Palacio de Justicia, Palacio del Marqués de Huarte o de Peñalba, Palacio de los Escrivá, Iglesia de las Escuelas Pías, Iglesia y Convento de Santo Domingo, Capilla del Antiguo Colegio de San Pablo (Instituto Luis Vives).
Desde diciembre de 2013 el Síndic de Greuges cuenta entre las peticiones que se le dirigen una encabezada por la Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural a fin de que tome parte. La asociación recurrió a esta medida un año después de reclamar a la Generalitat que pusiera solución a esta invisibilidad de monumentos para el ciudadano y turista.
El grupo pone varios ejemplos: en el Palau de la Generaltit se puede hacer reserva telefónica de visita -«sin días ni horarios predeterminados- pero «puede ser anulada previamente en el caso de un repentino cambio de agenda»; y el Palacio del Marqués de la Scala y la Iglesia y el Convento de Santo Domingo también dependen de la llamada previa.
Han pasado 11 meses desde que la directora general de Cultura, Marta Alonso, reconociera no abiertos al público sólo 10 de los BIC (de los 61 que gozan de esta consideración en Valencia) y de comprometerse a «contactar individualmente con los propietarios de todos estos inmuebles a fin de conocer las particularidades de cada uno de ellos con el fin de ampliar en lo posible los horarios de visita» (algunos corresponden a la administración del Estado, como el Palacio de Justicia). A día de hoy no ha habido novedad ni nueva información.
La falta de publicidad de esos horarios también es una de las recriminaciones planteadas. La ley establece que se «harán públicos con la información adecuada tanto en los medios de comunicación como en centros de información turística y cultural».
El coste económico de contratación de personal para la apertura y atención de visitas, mantenimiento y limpieza tampoco sirve de explicación a los denunciantes y plantean al Síndic que tampoco él «debería aceptarlos» en caso de que estos fueran los argumentos finales de la Generalitat. Es más, afirman desde Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural a VLC News, «económicamente si sería rentable, puesto que atraería más turistas. Además se vuelven a olvidar de la función social del patrimonio cultural. Parece que haya que sacar beneficio económico a todo para que se pueda llevar a cabo».