Los inmigrantes irregulares se quedan sin sanidad. Así lo ha decidido el Tribunal Constitucional tras suspender la ley de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares de la Comunidad Valenciana. Ahora, esta normativa queda suspendida automáticamente.
Una ley que se aprobó el pasado mes de julio, cuando el gobierno de Ximo Puig decidió devolver la sanidad gratuita a todos los inmigrantes residentes en esta comunidad y que fue aprobada como decreto ley 3/2015 de acceso universal a la atención sanitaria. Una tarjeta sanitaria que fue presentada en el Palau de la Generalitat por Ximo Puig y la consellera de esta área, Carmen Montón.
Fue el pasado mes de octubre cuando, desde el gobierno central, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Tras esto, ahora, el alto tribunal ha admitido a trámite este recurso.
“Nadie se quedará sin este derecho universal”, afirma Carmen Montón
Después de conocerse esta noticia, fue la propia consellera Carmen Montón, a través de un comunicado, quien afirmó que desde el Consell solicitarán al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión de esta normativa. Además, Montón recalcó que, desde la Generalitat, no dejaran que ninguna persona se quede sin sanidad.
Unas declaraciones a las que Montón informó que, gracias a esta normativa, más de 5.400 personas inmigrantes se habían beneficiado de su derecho a la sanidad universal.
Ximo Puig lo califa como “persecución” por el gobierno de Mariano Rajoy
Por su parte, el presidente del gobierno valenciano, Ximo Puig, ha asegurado que, desde el Consell, se creará una ley para que todas las personas tengan derecho a una sanidad pública. Además, calificó esta decisión como de “persecución” por parte del Gobierno central así como de “impresentable” el recurso que presentó el ejecutivo de Mariano Rajoy ante esta normativa.
Ahora, durante los próximos cinco meses, tienen de tiempo desde el alto tribunal para ratificar o levantar la suspensión de esta ley. Con ello, Ximo Puig ha querido recordar las comunidades autónomas que disponen de una normativa como esta que ampara esta asistencia sanitaria ante los inmigrantes irregulares como viene siendo el caso de País Vasco o Navarra, dos comunidades que reconocen este derecho a todas las personas.
Artículo escrito por Emma Tomás