El pleno de las Corts Valencianes ha validado este martes el decreto ley 1/2015 de 27 de febrero, del Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valenciana con los votos a favor del PP, en contra de EUPV y la abstención de PSPV y Compromís, en el último pleno de la legislatura, en el que también se ha aprobado la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat, en este caso con los votos a favor de PP y PSPV y la abstención de Compromís y de EUPV.
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha defendido en la sesión el recurso a la figura de decreto ley «por razones de necesidad y urgencia» y ha destacado el establecimiento de parámetros objetivos para decidir sobre la flexibilidad de horarios, desde la consideración de que «una zona de gran afluencia turística –figura que permite a los establecimientos comerciales abrir en domingos y festivos– no es una zona de gran afluencia en festivos».
Así, ha explicado que su departamento tramitará esta declaración, a petición de los ayuntamientos, en función de la «concentración acreditada de plazas de alojamientos y establecimientos turísticos con diferente régimen en Semana Santa y durante el Verano y ocupación superior al 50 por ciento en periodos distintos, concentración suficiente y fehaciente de segundas residencias, acreditación precisa de las visitas en caso de declaración de Patrimonio de la Humanidad o localización de un Bien de Interés Cultural, celebración de grandes acontecimientos deportivos o culturales, así como proximidad a áreas portuarias o de turismo de compras».
Buch ha apelado asimismo a las «razones de prudencia, equilibrio y consenso con las que el Observatorio de Comercio acogió el texto» y al «acuerdo y consenso» que obtuvo por parte de la mayoría de sus miembros, al tiempo que ha defendido que «este nuevo escenario de seguridad, firmeza y equilibrio en las decisiones es la mejor contribución que se puede hacer al sector para que se consolide en una nueva coyuntura de avances en la cifra de negocio y empleo» y que, «al despejar la incertidumbre normativa, se estará en mejores condiciones de caminar hacia la calidad, competitividad y especialización como auténticos y esenciales valores para su sostenibilidad en el tiempo».
En su última intervención en las Corts, ha agradecido su labor a todos los grupos, especialmente al PP por su «apoyo constante», y ha pedido disculpas por si alguien se ha sentido «ofendido» por alguna actuación suya.
Desde la oposición, le han reprochado la tardanza de esta iniciativa que, según el PSPV, «surge de la urgente necesidad de solucionar problemas que el mismo Gobierno valenciano ha creado» al haber «dedicado cuatro años a favorecer a la parte más poderosa del sector», en palabras de Javier Macho, quien ha tildado de «tardío e insuficiente» este decreto, que considera «un parche de urgencia».
PSPV PIDE UNA NUEVA LEY AUTONÓMICA DE COMERCIO
Macho ha abogado por «consensuar una nueva ley propia valenciana», en función de las particularidades del comercio valenciano y «sin hipotecas externas, ni imposiciones de ningún grupo de poder», a lo que ha agregado que será «una de las primeras que se debatan y aprueben en la próxima legislatura».
La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha criticado que «el decreto no varía el modelo actual, que protege a las grandes superficies frente a los pequeños», con «políticas de desregulación horaria» y el «mazazo» de las zonas de gran afluencia turística que, a su juicio, «el PP ha perdido la oportunidad de reconsiderar, al conceder además un plazo de vigencia de dos años» para «dejar bien atados los privilegios que los grandes han ganado este tiempo».
También ha cuestionado la «caprichosa determinación de cuatro zonas de gran afluencia turística en Valencia» por parte del equipo de gobierno de Rita Barberá, que ha tildado de «barbaridad», en la misma línea que el representante del PSPV y que Fran Ferri, de Compromís, que se ha preguntado «por qué un centro comercial de Orriols tiene régimen especial y Xirivella no», a pesar de que, a su juicio, «Alfafar, Xirivella y Orriols tienen la misma característica de no ser zona turística».
Por parte del PP, José María Rodríguez, ha defendido que este decreto «da mayor seguridad jurídica, reduce el margen de discrecionalidad y proporciona a los ayuntamientos criterios objetivos para que determinen la flexibilidad de horarios, especialmente las zonas de gran afluencia», y ha reivindicado la defensa que realiza el PP del pequeño y mediano comercio y el «consenso» obtenido en el Observatorio.
Además, ha instado a la oposición a no «destrozar con política barata y demagógica» la evolución positiva del sector, que «lo ha pasado muy mal y se está recuperando y creando empleo».
DEBATE LEY DE CÁMARAS
Por otro lado, en el debate de la Ley de Cámaras, Compromís y EUPV han achacado su abstención a la «oportunidad perdida» de crear «un modelo propio», con Cámaras «colaboradoras con la Generalitat, no sustitutivas», y de que éstas fueran «más transparentes, más horizontales y permeables a los nuevos retos» de creación de empleo, dinamización y modernización, respectivamente.
Vicente Betoret, del PP, ha defendido que «es una buena Ley de Cámaras», que reportará «cosas importantes a partir de la entrada en vigor», y ha incidido en la «importancia de la pervivencia de instituciones centenarias, arraigadas en el territorio», como las Cámaras de Orihuela y de Alcoi, que a su juicio peligraría con el modelo comarcal que reivindicaban Compromís y EUPV, quienes han emplazado a la próxima legislatura para modificar esa norma y vincularla más a la realidad del tejido productivo valenciano.
Ante esos compromisos de futuro, Betoret ha respondido que «las previsiones son las que salgan el día 24 de las urnas, todo lo demás son muestras de buena voluntad, que cada uno tiene las suyas».
REGISTRO MERCANTIL «ES SUFICIENTE PUBLICIDAD»
Por parte del PSPV, Javier Macho, ha destacado que su grupo se da por «satisfecho» al haber «admitido o transaccionado un número suficiente de enmiendas» en el diálogo en comisión, salvo las relativas a la entrega de las cuentas de las Cámaras a la Sindicatura de Comptes como receptoras de fondos públicos, que también reclamaba el resto de grupos de la oposición. El PP ha rechazado esta pretensión al considerar que depositarlas en el Registro Mercantil «es suficiente publicidad».
Los socialistas también pedían incluir aspectos de la normativa estatal para que esta norma autonómica en materia de competencia exclusiva se pudiera «entender y explicar por sí misma», en línea con el informe de la Abogacía de la Generalitat, pero desde el PP han argumentado que hay sentencias contrarias del Constitucional y que esa reiteración «llevaría a tomos legislativos muy farragosos».