El síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, Antonio Montiel, ha reclamado hoy al president de la Generalitat, Ximo Puig, que la Generalitat, como principal empresa de la Comunitat Valenciana, deje de trabajar con las entidades financieras que desahucian.
Montiel ha planteado esta cuestión aprovechando la pregunta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en el marco de la sesión de control de Les Corts Valencianes, después de que el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 en la Comunitat Valenciana experimentara un aumento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
El síndic de Podemos ha expuesto que la Comunitat Valenciana es una de las ocho autonomías en las que se ha incrementado el número de desahucios en el segundo trimestre de este año, y de hecho, ha lamentado que se trata del ámbito geográfico en el que más ha aumentado el número de desalojos.
Montiel ha recordado que hace un año, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, se reunió con once entidades financieras y les instó a que se comprometieran a no realizar ningún lanzamiento en viviendas habituales de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, ha recordado que solo tres entidades –Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular—se sumaron a la iniciativa. En este sentido, Montiel ha advertido que “no puede ser que las entidades financieras se nieguen a colaborar con la Generalitat Valenciana y que eso no tenga consecuencias”.
Montiel ha señalado que se debe insistir en la negociación con las entidades financieras para conseguir una moratoria real y efectiva de desahucios; al tiempo que «hay que estimular las diversas formas de acuerdo entre familias y acreedores hipotecarios mediante fórmulas como la reestructuración de la deuda, la suspensión temporal de cuotas o la dación en pago combinada con un alquiler en la misma vivienda».
En este sentido, ha remarcado la importancia de establecer colaboración entre los ayuntamientos y la Generalitat, en tanto que «los consistorios son la primera administración que detecta situaciones de vulnerabilidad social y a la que hay que dotar de recursos para que pueda hacer políticas sociales de proximidad para evitar los desahucios».
Montiel también ha planteado como actuación que «se garantice la solución habitacional a las familias que de manera definitiva se enfrentan al desahucio mediante un plan de choque que integre una oferta de soluciones de alquiler social con cargo al parque público de viviendas de la Generalitat, sus entidades, convenios u otras fórmulas a estudiar con entidades financieras y grandes propietarios».